JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, RETO PARA LA REINTEGRACIÓN Y  REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD

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La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes contempla diversas medidas que permiten a los jóvenes  que cometen un delito, reflexionar sobre su conducta ofensiva, así como observar que su actuar no es la mejor acción que han realizado.

Al tener conciencia de sus actos, se implementan diversas tareas para lograr su reinserción a la sociedad, aseguró el magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, presidente de la Sala Unitaria en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia.

Dicha ley está vigente en todo el país, desde el 18 de junio del presente año, con lo que se envía el mensaje claro y categórico de que las personas adolescentes y los adultos gozan de los mismos derechos, al haberse ingresado el sistema acusatorio en todo el país y su coincidencia con la justicia para menores.

Es de destacar, dijo, que esta legislación garantiza los derechos humanos de las personas adolescentes, a quienes se les atribuye o resulten responsables de hechos tipificados como delitos.

Así mismo, existen medidas cautelares donde se contempla el internamiento en los casos como homicidio, violación y lesiones graves, siempre gozando de todos los derechos previstos en la Constitución Federal y los tratados internacionales.

En los delitos que no ameritan internamiento, se establecen acciones como trabajos a favor de la comunidad siendo una forma de reparar el daño o la restricción para asistir a algunas reuniones, así como someterse al cuidado de una persona o institución, ya que muchas veces los adolescentes delinquen por el tipo de personas con quienes se relacionan.

La nueva ley contempla  una figura denominada: persona adulta joven, que son quienes cometen delitos graves siendo adolescentes; tal es el caso de personas que están por cumplir los 18 años, lo cual quiere decir que seguirán purgando su pena pero juzgados como menores porque cometieron el delito antes de tener la mayoría de edad.

Pfeiffer Islas aclaró que el Sistema Nacional redujo el número de años que puede estar un adolescente privado de su libertad.

De esta forma los jóvenes de 14 a 16 años pueden estar hasta 3 años internados y en el caso de los adolescentes de 16 y hasta antes de los 18 años pueden cumplir 5 años en un centro de internamiento.

Lo anterior obedece a los  documentos internacionales, los cuales establecen como medida extrema la privación de la libertad y que su aplicación debe ser por el menor tiempo posible.

Añadió que pese a que los asuntos que llegan al Tribunal Superior de Justicia han disminuido, los casos que se dan son cada día más complejos.

Sin embargo existe un compromiso del Estado para fortalecer la reintegración social y familiar por medio de programas socioeducativos, destinados a incidir en los factores internos y externos, en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario de la persona adolescente para que genere capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reincidencia.

Todo esto para que después de haber cumplido con la sanción impuesta, los menores gocen de la restitución del pleno ejercicio de los derechos y libertades,  y adquieran una función constructiva en la sociedad.