Los millones que pelean Bartlett y Lozano por ‘soltar la lengua’

19

Enrique Pérez Quintana5 de agosto de 2016

Hace cuatro años cuando  se encontraban en proceso las campañas federales para la elección del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en el estado de Puebla participaron Manuel Bartlett, como candidato del Partido del Trabajo (PT) y Javier Lozano, como candidato del Partido Acción Nacional (PAN), ambos lograron llegar a la Cámara de Senadores.

En ese entonces Bartlett, en dos noticieros de radios locales de la ciudad de Puebla, comentó que Lozano se había asociado con José Cordoba Montoya, quien se desempeñó como secretario particular de Carlos Salinas de Gortarí, para vender energía eléctrica a la ciudad de Puebla, afirmó que “fue un negocio turbio, un abuso con una empresa francesa, hubo juicios, le costó al Ayuntamiento sacudírselo”.

Además, Bartlett criticó la actuación de Lozano como secretario del Trabajo y Previsión Social y se refirió en específico al caso de la tragedia de Pasta de Conchos, en la que murieron decenas de mineros que hasta hoy permanecen sepultados en esa mina y comentó, en términos negativos, su relación con la exdirigente del SNTE, Maria Esther Gordillo.

La reacción de Javier Lozano fue la de exigir a Manuel Bartlett que se retractara de sus declaraciones o de lo contrario, en un plazo de diez días, lo demandaría por daño moral. Acudió al juzgado civil e interpuso una demanda, en la que expresó que se sintió dañado en su decoro, honra y derechos de personalidad, ante la negativa de Bartlett,  en junio de 2012, en el marco de las campañas federales, cuando ambos políticos buscaban llegar al Senado de la república.

En octubre de 2013 Javier Lozano obtuvo un fallo favorable en el que se obligaba a Manuel Bartlett a pagar “la reparación de daños por un monto de mil días de salario mínimo, equivalentes a 63 mil pesos” y apeló esa sentencia.

Para la defenderse en la apelación Bartlett “invocó la aplicación de la figura real malicia o sistema de protección dual, teoría asumida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer un protocolo que marque los límites de la libertad de expresión. Esa figura indica que en caso de producirse injurias, ofensas o descalificativos en un escenario de debate y entre dos personas con proyección política, el umbral de tolerancia que los protagonistas deben tener es indefinido, por estar expuestos al escrutinio público”.

Con este argumento, un año después, la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Nación  de Puebla falló a favor de Manuel Bartlett y lo absolvió del cargo de daño moral.

Por su parte Javier Lozano buscó llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero su solicitud fue rechazada y solicitó un amparo. Los argumentos esgrimidos por Lozano en su demanda de amparo fueron calificados como inoperantes.

Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil, por unanimidad, declararon como fundados en su totalidad los razonamientos presentados por Manuel Bartlett en el juicio donde Javier Lozano reclamaba un daño moral que nunca existió.

Hoy el senador del PAN, Javier Lozano tendría que pagar al senador Manuel Bartlett diez millones de pesos por concepto de gastos y costos al perder el juicio que inició hace cuatro años.

Dice Carlos Meza Viveros, abogado de Bartlett, que “la justicia federal determinó que la sentencia a favor de Bartlett quedó firme y que el juicio “causó estado”, por lo que procede la ejecución de sentencia. “El Tribunal Colegiado dice que Javier Lozano tiene que pagar”.

Recordó el abogado Carlos Meza que en octubre de 2015 el senador Javier Lozano había prometido que si perdía el juicio por daño moral que interpuso ante Manuel Bartlett, renunciaría y ya perdió en la tercera instancia, por lo que debe cumplir su palabra.

De esta confrontación entre políticos queda la lección de la tolerancia. El mensaje es que se pueden decir de todo mientras realizan su campaña. La puerta legal para la propaganda negra está abierta, este caso lo recuerda, aunque es una práctica común en entre algunos políticos que descalifican a sus adversarios en los medios de comunicación, sin estar en campaña, utilizando las prerrogativas que les otorga el Instituto Nacional Electoral.

Al senador Javier Lozano le ganó el personaje autoritario que lleva dentro y tendrá que sacar diez millones de su bolsillo para pagar lo que no debería, si fuera tolerante. Solo se metió en la trampa. Cayó en la provocación.