Medidas cautelares, tarea delicada de los jueces del NSJP

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De las 14 medidas cautelares que menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su Artículo 155,  en Hidalgo de enero a junio de 2016 se han aplicado por jueces de control 178, siendo las más frecuentes: la firma periódica del imputado, la prohibición de convivir con determinadas personas y la prisión preventiva oficiosa.

En entrevista, Ciro Juárez González, juez de Control y Juicio Oral, adscrito al Circuito de Pachuca, explicó que las medidas cautelares son herramientas que dispone la ley para que se propicie un buen procedimiento, específicamente, se aplican en la etapa de audiencia inicial, cuando se formula la imputación.

En palabras sencillas, dijo que éstas aseguran la presencia del presunto responsable en el procedimiento, protegen a la víctima o a los testigos y evitan que el imputado altere o impida el desarrollo del procedimiento, es decir, que permiten llegar al conocimiento de la verdad.

El juez puntualizó la necesidad  de que la sociedad conozca su función, pues permite entender las acciones judiciales y por lo tanto mejores pautas de comportamiento cuando se aplican.

“Es trascendental que se sepa su objetivo, para que no se advierta la actitud de la autoridad judicial como arbitraria o indiferente. Para un juez es un tema muy delicado dictar una medida cautelar, dado que tiene que tomar en cuenta dos derechos que podrían ser antagónicos…”, refirió.

En tal sentido, explicó que por una parte se debe velar por los derechos  del imputado y por otra los de la víctima. Para ello también, dijo, el juez debe tomar en atención los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona.

Señaló que existe un desconcierto entre la sociedad ya que no se han informado por completo del sistema, pues las medidas cautelares son instrumentos que no riñen contra el principio de presunción de inocencia formalmente, y tienen una finalidad diferente a anticipar un castigo, pero si evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia.

“Imaginemos que los legisladores en la ley comentaran que la medida cautelar se fijara hasta la etapa del juicio, dudo mucho que todos los imputados regresen de buena voluntad, para estar presentes en el procedimiento, por ello son necesarias…”, increpó.

Sin embargo reconoció que existe una perspectiva desdeñosa desde la víctima sobre éstas,  ya que en muchas ocasiones las califica de “light o cortas”.  Por ejemplo, mencionó  “no hay reparación del daño, y en el sistema tradicional el imputado  adelantaba el pago  y entonces la víctima  sentía tranquilidad porque ya había un garantía que si el imputado escapaba, se le daba el recurso económico a  ella y ahora no funciona así, entonces para la perspectiva de la víctima éstas se tornan bastantes flexibles…”.

Sobre el debate que dentro de las medidas cautelares se contemple la colocación de localizadores electrónicos, indicó que en Hidalgo no se han utilizado, debido a  que no se tiene una regulación, de cuál sería  el organismo de vigilar su cumplimiento, por ello consideró necesario que los legisladores federales y locales trabajen en ello.

“Un brazalete no se aplica por sí solo, requiere un órgano de monitoreo que vigile que no se rompan las limitantes establecidas,  y además de instituir en una ley secundaria o reglamento, quien proporciona el brazalete, si el Estado, el imputado o se renta,  no hay esa descripción en Hidalgo”, afirmó.

En este sentido, explicó que los legisladores deben considerar este tema en la ley, ya que para aplicar dicha medida cautelar la autoridad judicial requiere que se le legitime para creer en ese instrumento y sea operativo,  es decir, que dé a los jueces la garantía de que si se aplica al imputado, éste no se va a sustraer de la acción de la justicia.

Como reflexión, al ser parte de esta nueva forma de impartir justicia, asintió  que al principio existieron críticas fuertes al sistema penal acusatorio porque no estaba dando la respuesta que se buscaba; sin embargo, expresó, “hay que recordar que éste no viene a resolver problemas de política criminal, sino  a dar transparencia al trabajo de los juzgadores y de los operadores que en ella participan.