Sexto Informe de Gobierno Hidalgo en la procuración de justicia

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Hidalgo es el estado más pacífico y seguro de México, de acuerdo con el Índice de Paz México 2015 del Institute of Economics and Peace, organismo internacional líder en investigaciones en seguridad y violencia vinculadas al desarrollo social.

Además, Hidalgo es uno de los cinco estados con el menor número de homicidios dolosos en México, de acuerdo con el informe de víctimas de homicidio secuestro y extorsión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Instituto de Formación Profesional y Laboratorio de Química Forense Se realizaron dos edificaciones con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública: el edificio del Instituto de Formación Profesional, mediante una inversión de 29 millones 175 mil 863 pesos, en donde se especializan los funcionarios del ministerio público, policías y peritos; y el Laboratorio de Química Forense de relevancia en materia pericial, con un avance del 95 por ciento y una inversión de 25 millones 959 mil 677 pesos.

 Instalaciones para la iniciación del Nuevo Sistema de Justicia Penal En cuanto a la infraestructura necesaria para mejorar las instalaciones de la procuraduría, para poder llevar a cabo la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se tienen cuatro obras en ejecución, correspondientes a la edificación del Centro de Servicios Integrales de la Procuraduría General de Justicia Región Pachuca, con un monto autorizado de 50 millones 554 mil 671 pesos; adecuación del Centro de Servicios Integrales de la Procuraduría General de Justicia Región Tula, con una asignación de 25 millones 919 mil 884 pesos; edificación del Centro de Servicios Integrales de la Procuraduría Región Tulancingo, con 44 millones 698 mil 584 pesos y la remodelación de espacios para el Centro de Control de Detenidos, con una aplicación de recursos del orden de un millón 999 mil 871 pesos invertidos. Estas obras quedarán terminadas antes de que culmine este sexenio.

4.1.2 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

En los diversos procedimientos civiles, mercantiles y familiares de los diferentes juzgados existentes en la entidad, se ha proporcionado de manera gratuita, la asesoría requerida en cada caso para la obtención de sentencia, logrando importantes resultados en el actual periodo de gobierno en beneficio para las familias del estado de Hidalgo. En este renglón, se ha proporcionado asesoría, representación legal y atención a grupos vulnerables en 9 mil 169 asuntos civiles y mercantiles, en los que se incluyen los de índole familiar como alimentos, patria potestad, custodia de menores y otros. Este servicio presenta una cobertura en todo el estado. En cuanto a la atención de los delitos, en diversos juzgados penales se intervino en 2 mil 28 expedientes, logrando 850 sentencias condenatorias y 451 reparaciones del daño penal causado.

Unidad Especializada de Combate al Secuestro

En la Unidad Especializada de Combate al Secuestro se han atendido, en el presente año, 12 casos de secuestro, la liberación de 16 víctimas de este delito y el aseguramiento de 30 personas implicadas; registrando una notable disminución del delito de extorsión donde únicamente se registraron dos casos en el último año del presente sexenio.

 4.1.3 SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Los ministerios públicos han desarrollado acciones con eficacia y prontitud, logrando que las personas adolescentes involucradas en infracciones penales, tengan una oportunidad de readaptación y desarrollo dentro de la sociedad. La familia ha sido un tema central en la actuación de los ministerios públicos, los esfuerzos han sido encaminados a brindar especial atención a los casos donde se involucran menores de edad, mujeres y personas adultas mayores; se han iniciado un mil 950 averiguaciones, con 716 averiguaciones consignadas. Adicionalmente, se atendieron 3 mil 751 personas en el área de trabajo social y psicología, así como asistencias médicas y asesorías de carácter jurídico. En el presente año, se registraron 12 mil expedientes, logrando la resolución de 10 mil 138 averiguaciones. Se utilizó la media de los datos totales por año, siendo 25 mil 513 hechos denunciados anualmente, con intervención de la Coordinación de Investigación, de los cuales el porcentaje corresponde a las denuncias en las que fueron identificados los probables responsables, puestos a disposición ante la autoridad correspondiente.

4.1.4 CERTEZA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

14046039_1766495336896120_6952160444403216097_n La actividad esencial del ministerio público se concentra en la investigación y persecución de los delitos cometidos en el territorio del estado de Hidalgo. En el presente año, se registraron 12 mil expedientes, logrando la resolución de 10 mil 138 averiguaciones. Respecto al delito de robo de vehículos, se tramitaron 4 mil 741 averiguaciones, poniendo a disposición un mil 373 unidades de automotores; devolviendo al momento a sus legítimos propietarios un mil 2 vehículos.

En materia técnico-científica la Procuraduría ha realizado 61 mil 896 dictámenes de servicios periciales y ha emitido 25 mil 805 constancias sobre antecedentes penales. Este servicio representa una acción de carácter social importante en la ciudadanía, ya que en la mayoría de los casos es un requisito laboral para acceder a un empleo.

4.1.5 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

 La formación profesional de los funcionarios de la procuración de justicia ha tenido un amplio respaldo de parte de las autoridades gubernamentales de carácter federal y estatal, proporcionando los recursos financieros necesarios para este desempeño. Los ministerios públicos, peritos y policías se han capacitado en cursos de especialización, particularmente en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es aplicable en todo el país. Se han impartido cursos para 2 mil 470 participantes en actualización y especialización de ministerios públicos y auxiliares, incluyendo en esta cifra peritos y policías de investigación.

4.1.6 CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO DE DERECHO

La actividad más cercana a la gente en materia de justicia se realiza por la vía de la conciliación, el diálogo y el entendimiento, puesto que el grueso de la ciudadanía requiere la solución de sus conflictos de manera inmediata, evitando pérdida de tiempo y gastos. En tal sentido, el Centro de Justicia Restaurativa fue mediador en 3 mil 601 expedientes, habiendo logrado 2 mil 72 acuerdos que resolvieron las diferencias entre las partes. En el actual periodo de gobierno, este sistema de atención a los conflictos individuales ha fortalecido y mejorado las instituciones de administración y procuración de justicia.

4.1.7 TRANSPARENCIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

 En materia de transparencia en la administración de justicia se han realizado acciones de singular importancia como la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal que con el funcionamiento de la Oficina de Atención Temprana, se ha convertido en una herramienta útil para la solución de los conflictos de carácter penal. Gracias a esta oficina, los delitos menores son atendidos con prontitud, obteniendo resultados satisfactorios.

El 18 de junio del año 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública y de justicia penal, sentando las bases del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. El plazo para ajustarse a las nuevas disposiciones no debía exceder de ocho años a partir de la publicación de la reforma constitucional. Por tal razón, el 11 de julio del 2008 los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial establecieron las bases de colaboración necesarias, creándose de la Comisión Interinstitucional para la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal, lo cual fue publicado en el Periódico Oficial del estado el 21 de julio del 2008.

Atendiendo a la petición de los tres poderes del Estado, así como a los planteamientos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de Gobernación Federal, se creó un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobierno Se planteó una estrategia para disponer de la estructura de normativa alineada al Nuevo Modelo de Justicia Penal Adversarial y Acusatorio.

 La tecnología y equipamiento eficientes que garanticen la seguridad de la información que transita el Nuevo Sistema Justicia Penal del Poder Ejecutivo del Estado, que se aboca exclusivamente a implementar el nuevo Modelo de Justicia Penal en la entidad. Es por ello que, por decreto del Gobernador publicado en el periódico oficial de fecha 20 de enero del 2014, se trasladaron al órgano implementador, las facultades inherentes para coordinar los esfuerzos de todos los operadores del Sistema para dar continuidad al proceso de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Hidalgo.

Al diagnosticar los requerimientos de las instituciones operadoras, del Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría General de Justicia, la Dirección de Defensoría Pública y la Secretaría de Seguridad Pública, se planteó una estrategia para disponer de la estructura de normativa alineada al Nuevo Modelo de Justicia Penal Adversarial y Acusatorio, así como contar con la infraestructura necesaria para el desempeño de las funciones de las instituciones operadoras; tener la tecnología y equipamiento eficientes, que garanticen la seguridad de la información que transita el Nuevo Sistema Justicia Penal; disponer de personal capacitado y especializado en cada una de las instituciones operadoras; contar con una organización de gestión que asegure a los operadores el desempeño eficiente y la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y dar la difusión necesaria de las bondades del nuevo modelo de justicia, con la finalidad de legitimar esta transformación a todos los sectores de la sociedad.

En el eje de normatividad, se analizó la necesidad de reformar los ordenamientos legales estatales, con la finalidad de contar con un marco jurídico uniforme, coherente y congruente con las bases constitucionales del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, requiriendo la creación de nuevas leyes estatales y la adecuación o generación de leyes orgánicas de aplicabilidad para las instituciones operadoras.

Se fortalecieron las capacidades técnicas de organización, gestión y de recursos humanos, de cada institución operadora, mediante programas que establezcan estrategias a través de mecanismos instrumentados no sólo para lograr la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, sino para su consolidación.

Por ello fue necesario que la difusión se dirigiera a todos los sectores de la sociedad: investigadores en materia judicial, líderes de opinión, académicos, estudiantes, empresarios, obreros, empleados y organismos civiles, a través de encuestas, foros de consulta, congresos universitarios, congreso de integrantes de comunidades y pueblos indígenas, mesas de trabajo, spots de radio y transmisión por televisión, acorde al nivel cultural, a fin de lograr que se conozca y comprenda el significado, alcance y beneficios de la reforma, incluyendo la difusión a los integrantes de comunidades y pueblos indígenas.

 El Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio se propuso como objetivo la profesionalización de los cuerpos de quienes integran las estructuras de procuración y administración de justicia, además de dotarlos de infraestructura tecnológica y sistemas de información adecuados, todo ello mediante programas metodológicos que conducen al cumplimiento de los objetivos, metas, estrategias, proyectos y acciones diseñadas en forma descendente y ejecutadas en forma ascendente.

Cabe señalar que las acciones implementadas se realizaron bajo la coordinación de la Comisión Interinstitucional presidida por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal y las instituciones operadoras, teniendo como primer resultado el obtenido el 21 de agosto de 2014, en sesión ordinaria el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el cual atendió la solicitud de la Comisión Interinstitucional para la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal y emitió la declaratoria de entrada en vigor a partir de las cero horas del 18 de noviembre del 2014, del Código Nacional de Procedimientos Penales e inicio del Sistema Procesal Acusatorio en el primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, específicamente en el Distrito Judicial de Pachuca, por todos los delitos establecidos en el Código Penal del Estado de Hidalgo y en las leyes aplicables en la entidad u otros ordenamientos; abrogando, de manera gradual, los Códigos de  Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo y el Procesal Penal para el Estado de Hidalgo de corte acusatorio.

 El 14 de mayo del 2015, en sesión celebrada por el H. Congreso del Estado de Hidalgo, se emitió la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales e inicio del Sistema Procesal Penal Acusatorio en los 16 distritos judiciales del estado de Hidalgo restantes.

En 2015, se coordinó la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los distritos judiciales de Tula de Allende y Tizayuca, desde las cero horas del 14 de julio de 2015 y 29 de septiembre de 2015, respectivamente; con una inversión federal de 19 millones 925 mil 393 pesos y una inversión estatal de 945 mil 660 pesos; dando un total de 20 millones 871 mil 53 pesos.

 En el presente año inició el Nuevo Sistema de Justicia Penal en los distritos judiciales de Tulancingo, Actopan, Huejutla, Ixmiquilpan y Huichapan, a las cero horas del 16 de febrero, con una inversión federal de 18 millones 230 mil 267 pesos y una estatal de 945 mil 960 pesos, sumando 19 millones 176 mil 227 pesos. A partir de las cero horas del 7 de junio del año en curso entraron en funciones con el nuevo Sistema Penal los nueve distritos judiciales restantes, con una cobertura de 35 municipios.

Con ello se ha beneficiado a la población hidalguense, mediante la cobertura de la incidencia delictiva registrada en el estado, lo que significa que los 84 municipios cuentan ya con los beneficios del nuevo modelo de justicia.