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El ascenso de la violencia y criminalidad en México exige replantear los nexos de integración societal estrechando los vínculos del espacio público con el espacio político para trazar nuevas líneas de acción en el combate a la delincuencia y la inseguridad. En esta tarea no se puede claudicar.

Es necesario desarrollar Políticas de Estado, Públicas y de Gobierno en materia de seguridad ciudadana enfocadas a detener el progresivo avance de las amenazas a la sociedad y a la convivencia armónica y pacífica.

En este escenario, el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia del INEGI, elabora trimestralmente, la “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)”, a partir de la información de la percepción ciudadana sobre su seguridad; misma que para la ciudadanía, las autoridades y los representantes populares, constituye una valiosa herramienta que les permite  fijar criterios y tomar decisiones en esta materia.

Por su diseño conceptual, la ENSU es un instrumento confiable; se aplica en los centros urbanos, a personas de 18 años y más; presenta la percepción ciudadana del delito, sus expectativas y tendencias; las principales conductas delictivas; el cambio de rutinas sociales ante el temor de ser víctima de delitos; la percepción  del desempeño de las autoridades y de las policías Preventivas Municipales, Estatales y Federal, Gendarmería Nacional, Ejército y Marina.

La información que presenta la ENSU, es consistente con la demanda ciudadana, lo que le facilita al gobierno crear condiciones de armonía y paz social; que permitan a la población, desplegar sus potencialidades humanas y disfrutar de una vida digna a la que tiene derecho.

La periodicidad de la ENSU permite visualizar las variaciones de la percepción de inseguridad. Los datos del trimestre junio-septiembre  de 2016, revelan que la mayor inseguridad ciudadana se registra en el uso de los cajeros automáticos situados en la vía pública, y la menor en la casa-habitación; cuestión que ha incidido en el cambio de hábitos, conductas y roles sociales, ante un clima de temor y desconfianza que se traduce en inestabilidad psíquica y emocional de la población.

Relevantes resultan los datos sobre la percepción del desempeño y efectividad de las policías, las cuales fueron: Marina (82%), Ejército (79.5%), Gendarmería Nacional (67.9%); Policía Federal (63%); Policía Estatal (51%) y Policía Preventiva Municipal (41.7%).

Estos resultados marcan el promedio de efectividad percibido por la ciudadanía. No son uniformes, cada entidad federativa presenta datos distintos, pero son aleccionadores en cuanto a que sus niveles no son óptimos para salvaguardar la seguridad de las personas, y confirman la desconfianza social en las instituciones de seguridad pública.

La información de la encuesta, brinda a las autoridades una dimensión objetiva de la seguridad y de la victimización que manifiesta la ciudadanía, elementos con los que pueden reorientar el quehacer público en materia de seguridad; focalizar y establecer las prioridades de respuesta ciudadana; y orientar la construcción de políticas públicas que permitan reducir y controlar los niveles delictivos en los entornos locales. Cuestiones que exigen precisiones y prescripciones de fondo para el ejercicio de gobierno.

Es necesario que las nuevas autoridades municipales, operen nuevos protocolos de seguridad, que centren sus criterios en la realidad inmediata y se sustenten en lazos de proximidad comunitaria y vecinal; y protejan desde los derechos humanos y su visión transversal, hasta  la vigilancia y sanción de faltas administrativas, que de no ser atendidas escalan la violencia propiciatoria del clima de inseguridad.

El municipio, como célula básica del Estado, debe atender a estas consideraciones y reestructurar la seguridad pública a partir de la prevención citadina, comunitaria y vecinal; y con acciones de organización, capacitación y difusión de la cultura de la prevención del delito, debe trazar un diseño de seguridad pública que abata la violencia, cuidando de integrar a padres de familia, escuelas, autoridades e instituciones.

Asimismo, exige considerar la restauración de espacios públicos y sus entornos de seguridad, como alumbrado, cuidado y mantenimiento de calles y avenidas; la reinserción social de las personas que delinquen; la asistencia a víctimas, y el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de seguridad.

Esta es una tarea en pro de la atención a las necesidades concretas de la ciudadanía, que plantea una solución integral desde la conciencia, la cultura y el recto proceder de autoridades y ciudadanos, para edificar la paz social a la que el pueblo tiene derecho.

No obstante, hay que tener presente que la criminalidad y la violencia urbana son multicausales. No están acotadas, a las condiciones de pobreza y desigualdad; su combate enfrenta amenazas abiertas de grupos delictivos, cuyas manifestaciones y acciones evidencian la ausencia de mecanismos efectivos para combatir y controlar el creciente volumen de delitos y de muertes asociadas a la violencia común y al crimen organizado.

La hipótesis de esta descomposición social, advierte que los problemas de corrupción que aquejan al orden sistémico, se explica por la macroviolencia y sus anomias internacionales, lo que requiere una solución global.

Los avances del Estado en el combate a la corrupción e impunidad, y en la procuración e impartición de la justicia, son significativos pero aún insuficientes. Su déficit, sigue demandando mayores acciones hacia una cultura de la prevención del delito que fortalezca el tejido social, y evite la fragmentación que hasta ahora ha primado, tarea cuya responsabilidad debe ser asumida de manera prioritaria por los gobiernos municipales y la sociedad civil organizada.

Las variables sociales de la prevención de la violencia y criminalidad son consustanciales a la vinculación de las autoridades con la sociedad civil. Un entramado político-social fuertemente integrado, es menos vulnerable que un tejido social atomizado de la tarea pública. La seguridad inicia en la conciencia ciudadana y se refrenda en la operatividad del Estado.

Agenda

  • Han tomado posesión los gobernadores de Chihuahua, Quintana Roo, Zacatecas, Durango, Tamaulipas, e interino de Veracruz, ante la solicitud de licencia del Gobernador Javier Duarte, para separarse del cargo y enfrentar las acusaciones que se le imputan.
  • El Gobernador Omar Fayad y el Director del IMSS, Mikel Arriola, presentaron el Proyecto del Nuevo Hospital General de Zona en Pachuca, con una inversión de 958 millones de pesos, estará listo para el 2018.
  • En este año se otorgará el Premio Nobel de Literatura al cantautor Bob Dylan, reconocimiento inédito para cantantes, pero que destaca el impacto de su obra en muchas generaciones.

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