SE LE CAYÓ EL JUICIO A LA FISCALIA

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Por Rosalía Maldonado

TULA DE ALLENDE.- Con cada testimonio presentado durante el juicio oral 12/2016, se demostró que la fiscalía no hizo un buen trabajo y no tenía pruebas contundentes contra los dos hombres que acusó de haber perpetrado un asalto y robo, y haber dado muerte en noviembre de 2015 a un matrimonio de adultos mayores, vecinos de la Unidad Habitacional de Pemex. Desde el primer dia se advirtió que los inculpados no tendrían un veredicto condenatorio, pues no se presentó una sola prueba que constatara su participación.

El miércoles 1 de febrero dio inicio el juicio a las 10 horas. En el debate de apertura la fiscal Daniela Vigueras, comenzó su exposición con la frase “Iban a robar y terminaron por matar”, que sintetizó su teoría del caso, que atribuía a que un robo derivó en el asesinato de la pareja.

Ese día declararon una hija del matrimonio que fue la última que los vio con vida y quien hizo el hallazgo del cadáver de su mamá, la trabajadora doméstica, quién encontró el cuerpo inerte de su patrón, el policía municipal que fue el “Primer Respondiente” que solo se limitó a conocer del ilícito y preservar el lugar del crimen, pues nunca ingresó a la vivienda.

Declaró también el agente investigador César Martínez López quien procesó la escena del crimen, y la perito en criminalística de campo Rosa María Lara quién hizo la inspección del lugar, y levantamiento de los cadáveres e indicios.

Del interrogatorio que hizo el abogado defensor Cristian René Fragoso Velazquez a César Martínez, quedó en evidencia que la cinta adhesiva que se usó para maniatar a la víctima masculina y encintar la cara de ambos, no era de la misma marca encontrada en los vehículos de los acusados.

Y el interrogatorio a Rosa María Lara le permitió al defensor establecer una hipótesis de que las personas que ingresaron podrían haber conocido a los moradores, porque no fueron forzadas cerraduras y aunque hubo actos de hurgamiento en la casa todo estaba relativamente en su lugar.

Igualmente que quienes ingresaron al domicilio y mataron al matrimonio no fueron en busca de dinero ya que en la casa se encontró en distintos lugares y a la vista una gran cantidad de dinero. En la mesa del comedor había dos billetes de 200 pesos, tirada en la alfombra en una lapicera color azul con 27 billetes de a quinientos pesos y en la tienda en una caja metálica había billetes y monedas de distintas denominaciones. En el lugar había una pantalla y las víctimas tenían en sus muñecas relojes.

En el segundo dia de juicio, el jueves, que comenzó a las 9 horas, se incorporó al equipo de la fiscalía e licenciado Esaud Falcón Santos, uno de los más experimentados Ministerios Públicos. Ese dia declaró en primer término la perito en criminalística de campo Ericka Viviana Martínez Hernández, quien hizo la mecánica de lesiones.

La especialista, corroboró que el lugar no presentaba huellas de violaduras de cerraduras por la particularidad de que la vivienda está habilitada como tienda, que  las personas que cometieron los ilícitos lo hicieron de forma libre, que quienes ingresaron hicieron actos de hurgamiento del lugar, describió cómo es que las víctimas fueron sometidas y la forma en que murieron concluyendo que no se defendieron de sus agresores.

La única maniobra que pudieron haber realizado, refirió, por su edad que rebasa las siete décadas y su condición física, fue tratar de gritar pidiendo auxilio y posiblemente por ello les colocaron cinta adhesiva cubriendo parte del rostro. Maniobra que provocó la obstrucción de la boca pero también de la nariz provocándoles sofocación. Y relativo a los agresores dijo que había evidencia que pudieron haber participado cuatro o más personas.

Luego declaró el médico forense Cristian Olivares Maya quien realizó la necropsia y mecánica de lesiones de la víctima mujer, para lo cual la fiscalía solicitó el apoyo para el interrogatorio del asesor médico David Richardson Uribe. Y a continuación se ofreció el testimonio del médico forense Octavio González Cornejo, quien practicó la necropsia al cuerpo del hombre e hizo la mecánica de lesiones.

Ambos concluyeron que las victimas presentaban cianosis, que murieron asfixiados a consecuencia de la obstrucción con cinta adhesiva de la boca y nariz y que habían muerto en un periodo de entre 8 a 12 horas.

Y se presentó asimismo el testimonio del policía investigador Esteban Sánchez Calva, que fue uno de los cinco agentes aprehensores de los inculpados. Este narró que el dia 5 de noviembre de 2015, entre las 8:00 y las 8:15 horas al estar en recorrido de vigilancia, en la carretera Tlahuelilpan Mixquiahuala, a la altura de la plaza pública de Tlahuelilpan,  junto con otro agente y tres policías estatales, les rebasaron a gran velocidad dos vehículos, una camioneta RAM color naranja y un auto compacto Dervy color verde, propiedad de los inculpados, en los que viajaban cinco hombres.

Dijo que desde la patrulla de la policía estatal le hicieron el alto a los vehículos y como no hicieron caso, los intervinieron, logrando detenerlos como a 150 metros. Que los tripulantes se bajaron muy agresivos insultándolos y que de manera amenazante con un cuchillo de color blanco prueba que el ministerio público incorporó, pero no pudo hacerlo porque n lo hizo de manera correcta.

Siguió narrando que cuando lograron someterlos a los cinco, entonces estos les ofrecieron 100 mil pesos y los vehículos para no ser detenidos pues dijeron que habían participado en varios asaltos  en el estado de México y en Tula, el último “tiro” el 3 de noviembre de 2015, por lo que le preguntaron al “Grupo Tula” y estos les dijeron que se había registrado el homicidio de dos personas en la Unidad Habitacional de Pemex. Y dijo que los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por los delitos de Ultrajes a la Autoridad y cohecho de particulares.

Y cuando la Fiscal intentó que el policía le narrara acerca de las declaraciones que presuntamente hicieron de manera voluntaria los acusados al ser detenidos, respecto a su participación en diversos ilícitos entre ellos los suscitados en la Unidad Habitacional de Pemex, los abogados defensores Cristian Fragoso y Oscar Vargas González, se opusieron argumentando que un juez de control ya había ordenado excluir del juicio las entrevistas que se les hicieron a los inculpados durante su detención, pues para lograr sus declaraciones se utilizó la tortura, lo que es violatorio de las garantías de los acusados, por lo que la Fiscal ya no pudo obtener información que le sirviera para sustentar su teoría del caso.

En el tercer dia de juicio, el viernes, que inició a las 10 horas, la fiscal Daniela Vigueras, actuó sola, por lo que cuando fueron llamados a declarar los policías estatales Miguel Hernández García y José Demetrio Bretón Olmos y Jorge Vite Luna y el policía Ministerial Leonardo Gutiérrez Castillo, quienes hicieron la misma narrativa que realizara Esteban Sánchez un dia antes, pero con algunas evidentes contradicciones, esta no pudo hacer un interrogatorio efectivo.

En contraparte durante la comparecencia de los policías, los defensores si pudieron dejar en claro que al momento en que presuntamente los acusados hicieron su declaración inculpándose, no había ningún abogado presente lo que violenta sus derechos.

Durante los interrogatorios momentos complicados vivió la fiscal, pues los defensores objetaban constantemente que hacia preguntas irrelevantes, preguntas sugestivas y tendenciosas o que no guardaban relación sobre el hecho que se estaba juzgando.

Y es que Daniela Vigueras intentaba inútilmente demostrar la participación de los acusados en base a las declaraciones que fueron excluidas y pidieron en varias ocasiones a los juzgadores que la ministerio público se limitara a hacerles a los policías  preguntas solo respecto a porqué y cómo se hizo la detención de los imputados y sobre los objetos que se les incautaron.

Igualmente la Fiscal batalló para incorporar como prueba un rifle de diábolos que se dijo fue asegurado al momento de la detención. Lo intentó primeramente durante el interrogatorio al oficial Demetrio Bretón, pero no pudo acreditar la prueba debidamente, finalmente lo hizo en el interrogatorio a Leonardo Gutiérrez, pero ello no le sirvió de mucho pues no pudo vincularlo directamente con el asalto, robo y homicidio.

Luego no consiguió vincular el testimonio del perito en Topografía Jesús Carmona Morales quien se habían dicho hablaría sobre el rastreo que se hizo de un teléfono pero el especialista dijo que a él le solicitaron hacer un peritaje respecto a la distancia y medición de tiempo, de recorrido, de una vivienda ubicada en la Unidad Habitacional de Pemex a una coordenada en específico en la colonia La Cañada, perteneciente al municipio de Huehuetoca.

A pesar que debían desahogarse más de una docena de testimonios ofrecidos por la defensa, estos  se desistieron de presentarlos, argumentando que se habían cumplido ya los objetivos planteados en su Teoría del Caso, que en este caso era que la fiscalía no tenía pruebas contra sus defendidos y porque así convenía a sus intereses, por lo que se determinó iniciar con los alegatos de clausura.

Luego en sus alegatos de clausura la fiscal solo atinó a hacer una reseña de lo declarado por sus testigos y su mejor argumento para solicitar una sentencia condenatoria fue que los inculpados de manera espontánea les narraron a los agentes su participación en los hechos que se juzgan, con la finalidad de que les permitieran evadirse, por lo que aunque un juez de control haya excluido las declaraciones de los acusados, los juzgadores debían de tomar en consideración toda la información vertida durante el juicio,  observando que “tasar la prueba con formalidades, es negar la justicia”.

Por su parte el abogado Cristian Fragoso rebatió la postura de la fiscal pues dijo aquí no se habla de formalidades, sino de derechos fundamentales, pues a los inculpado los detuvieron por viajar a exceso de velocidad y una vez que ya estaban detenidos recaban una declaración bajo tortura.

“Y un juez de control declaró nulas las declaraciones por haber sido obtenidas de manera irregular. No surten efecto legal las pruebas recabadas con violaciones fundamentales. El MP tiene la carga de la prueba, de probar íntegramente el hecho acusado, lo que no hizo” estableció.

Y expuso que durante el juicio jamás escuchó que se haya acreditado la prueba de que su defendido y otras personas hayan estado en el lugar de los hechos a la hora que se asegura se cometieron los ilícitos, tampoco hubo ninguna prueba de que estos hubieran cometido participado en los ilícitos.

“Aquí no venimos a adivinar sino, a probar”.

Y cuestionó, que de dónde saca el MP que falta 1700 pesos y 17 cajetillas de cigarros si ni siquiera acreditó la propiedad de las cajetillas, por lo tanto no hay la certeza de que se vendían cajetillas de cigarros, como tampoco la hay con las pruebas presentadas que faltaban 1700 pesos y que se repartieron el dinero de la forma en que lo expuso cuando formuló su acusación y eso era parte de lo que tenía probar la fiscal.

Criticó “se le dota  de millones de pesos a la fiscalía del estado para hacer una investigación científica y en este caso no hay una huella, indicio biológico que pueda presentar la MP para acreditar la acusación y se basa en una confesión que no escuchamos aquí. Es ilógico que se hayan llevado 17 cajetillas de cigarros y no se hayan llevado dinero que estaba a la vista”.

Y aclaró no estamos en contra que se dicte justicia, pero no bajo este esquema de investigación y trabajo desarrollado por la fiscalía. Dijo que es lamentable lo sucedido pues es un hecho que  murieron dos personas y desafortunadamente se ha generado impunidad, pero observó también se hace justicia cuando se dicta una sentencia apegada a derecho. Y ante la evidente falta de pruebas solicitó se dictara una sentencia absolutoria.

En tanto que el defensor Oscar Vargas, refirió que desde el inicio del juicio advirtió que no había congruencia entre el hecho delictivo y el cúmulo de pruebas presentadas por el MP, y que este no cumplió con la probanza plena del hecho delictuoso y la probable responsabilidad de su defendido por lo que solicitó se le absolviera.