Por Beatriz Flores González

 

El pasado jueves  2 de marzo se realizó una manifestación en la presidencia municipal de Tlahuelilpan,  en la que ciudadanos exigían entre otras cosas, la destitución  de Alberto Rosalío de la Cruz García, director de Seguridad Pública por inepto, prepotente, abusivo y otros calificativos,  a quien acusan de permitir el incremento de la delincuencia en el municipio a partir de su llegada, pero también de la agresión verbal y física hacia las regidoras de oposición, así como de amenazas de muerte en contra de la legisladora del PRI, Sandra Jiménez Flores.

El alcalde, Juan Pedro Cruz Frías salió a enfrentar a los manifestantes, reafirmándoles que el director de seguridad, es inamovible, ya que así conviene a los intereses de la ciudadanía, respondiendo más tarde en la comodidad de su despacho a una entrevista a un medio de comunicación, que se trató de una protesta con tintes políticos, pero negándose a responder cuando le cuestionaron sobre la acusación de que los policías extorsionan a los automovilistas, dando una respuesta totalmente distinta a la pregunta planteada.

Respondió asimismo que para él no es necesario tener un calendario de sesiones del ayuntamiento, ya que cuando se requiere alguna aprobación  para alguna obra, los reúne para “llegar a acuerdos” que beneficien al pueblo y no a unos cuantos.

Declaró ante la cámara el  edil que “se trató de una manifestación de una sola familia, los hermanos Cruz Rufino, que hacen la petición de destituir al director de seguridad pública, sobre todo el que se dedica al transporte, porque quiere menear a su conveniencia ese rubro, uniéndoseles la hermana y el hermano, sienten que todavía es su tiempo, pero quedó demostrado en quien confió la ciudadanía, yo les pido que me dejen trabajar, si las decisiones están bien o están mal, el tiempo le dará la razón a quien la tenga, pero en este gobierno no se viene a cumplir ningún capricho ni a beneficiar a nadie, incluyéndome a mí, se trabaja en favor de toda la ciudadanía,  en la manifestación solo cien o 200 personas estuvieron, ellos no representan al pueblo, en las votaciones hay un padrón de 10 mil electores y yo gané con poco más de 2 mil votos, entonces si viene a manifestarse el pueblo en general, lo tomaremos en cuenta, porque entonces veremos que realmente estamos haciendo las cosas mal, pero si viene una sola persona a alebrestar a la ciudadanía para ganar intereses personales,  es porque así ha sido todo el tiempo, a ellos no les interesa el bienestar del pueblo, sino solamente llevar agua a su molinito”.

Lo que no dijo el presidente municipal al medio de comunicación,  afirmaron regidoras, que “cuando mencionó que en el organismo operador del agua tiene al doctor en hidrogeología Salvador Rangel, que no es del municipio, que su director de seguridad pública también es de fuera, ya que proviene de Michoacán y que no ha tenido ninguna formación policial, aunque dijo que estuvo en el ejército, lo cual no garantiza llevar una atinada dirección en la policía, ya que no es lo mismo ser parte de la  tropa que estar al frente  en una dirección y dar las órdenes y embriagarse de un poder que debería estar al servicio del pueblo y no poner al pueblo a merced de los delincuentes, además, de que ni siquiera aprobó el examen de control y confianza, pero como aportó mucho dinero para la campaña, ahora está en la necesidad de tenerlo en un cargo para recuperar la inversión, aunque esto vaya en detrimento de la seguridad del pueblo”.

Las asambleístas locales dijeron que  desde el principio le sugirieron al presidente nombrar a otra persona, ya que Alberto Rosalío de la Cruz García se ha conducido con soberbia, prepotencia y bajo constantes amenazas a quienes han tenido la suerte de cruzarse en su camino, tal como sucedió con ellas como regidoras,  Jessica Martínez, de la fracción del PRD, Georgina Maya Orca,  coordinadora de la comisión de Seguridad Pública y emanada del PT y la regidora Sandra Jiménez Flores, del PRI, esta última que fue agredida verbal y físicamente, así como amenazada de muerte, de lo cual ya presentó la denuncia correspondiente en el ministerio público de Mixquiahuala.

Afirmaron las regidoras que por la tarde de este viernes tendrán sesión de cabildo a las 6 de la tarde, de la cual desde hace tiempo no reciben convocatoria, pero que acuden por un acuerdo de asamblea aprobado en aquellos tiempos, cuando iniciaron el gobierno y todavía pensaban que iban a ser parte de la gobernabilidad y no del sometimiento del presidente y sus funcionarios, quienes han olvidado que es la asamblea la máxima autoridad y el alcalde, el ejecutor de los acuerdos.

Entre los temas que abordarán en la sesión, en la que normalmente el alcalde nunca se presenta, pondrán a consideración la situación de riesgo en que está el municipio por el incremento de la inseguridad, porque a cinco meses que lleva al frente el director, en lugar de bajar los índices de delitos, se han incrementado tanto en el robo a comercios, a casas, pero también las agresiones con armas de fuego.