El Sistema Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto

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Perspectiva

Desarrollo democrático

 

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La cultura de la participación ciudadana conlleva al ejercicio pleno de una ciudadanía efectiva. Dimensión prácticamente desconocida para los sujetos sociales porque el oscurantismo público que se cierne sobre ellos, en su retórica, escenifica casi de manera teatral, que el ciudadano es corresponsable con el gobierno, pero en la praxis, es aislado del ejercicio pleno de su capacidad democrática.

El  Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información  (INAI), publicaron el estudio denominado “Reporte de Resultados de Gobierno Abierto 2017”, que correlaciona la transparencia y la participación ciudadana en las prácticas de Gobierno Abierto.

Este reporte documenta el estado situacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), las políticas de gobierno abierto y la transparencia proactiva; “considera que un gobierno, para ser abierto, requiere que la información que transparenta sea realmente útil para el ciudadano, y que los mecanismos de participación permitan efectivamente involucrarse en las decisiones de sus gobiernos,…. se compone de dos dimensiones: transparencia y participación ciudadana, así como por dos perspectivas: la del gobierno y la del ciudadano.”

Las prácticas de Gobierno Abierto constituyen un nuevo paradigma de la administración pública. Sobresale el propósito de concretar diversas dimensiones, desde la consulta hasta la cocreación ciudadana, e integrar una agenda operativa, que mida qué tanto un ciudadano conoce lo que hacen sus gobiernos y cómo puede incidir en sus decisiones.

El reporte señala que, “En pocos años, México ha construido un conjunto de normas, instituciones y mecanismos que han transformado la manera en que los ciudadanos pueden obtener la información pública que generan y resguardan sus gobiernos.” Asimismo, resalta la carencia de avances significativos en la “creación de medidas incluyentes y de horizontalidad, que incorporen la participación ciudadana como dimensión esencial y corresponsable de la toma de decisiones, donde el ciudadano sea partícipe de las acciones gubernamentales y pueda escrutar su validez.” 

Este déficit hace evidente la falta de un marco jurídico integral, cuyas dimensiones se sustenten en el reconocimiento de la participación ciudadana como un Derecho Humano; en la ampliación y articulación de los actuales mecanismos de participación, dotándolos de fuerza vinculante para la efectiva incidencia en la toma de decisiones; y en la creación del Consejo Ciudadano de Hidalgo, como órgano garante de ese derecho indispensable para el desarrollo y consolidación del Estado Democrático de Derecho.

Este escenario como principio de gobernanza activa, exige el derecho humano a un buen gobierno, que a partir de la participación ciudadana haga efectiva la cocreación corresponsable en la toma de decisiones del quehacer público.

En este contexto, es vital entender que el artículo 42 Fracción XX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), prescribe que “Los organismos garantes, en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, fomentarán los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica.”

¿Cómo fomentará el INAI la participación ciudadana para cumplir el mandato de esta ley?

La ley es clara. Empero, los órganos del poder público no han sido receptivos, o quizá, han sido incapaces o reticentes ante las presiones sociales, para abrir el gobierno al escrutinio y la corresponsabilidad pública, e impulsar en torno a este nuevo paradigma público de la cultura democrática, las prácticas de Gobierno Abierto hacia la participación ciudadana; perversión institucional que hace de los ciudadanos, sujetos ajenos de la acción pública.

A nivel nacional no se cuenta con mecanismos formales que promuevan la participación ciudadana, y los que existen, no logran ser activados por los ciudadanos para hacer efectivas sus denuncias, demandas y propuestas, lo que disminuye la operatividad institucional.

El reporte revela que los gobiernos han institucionalizado e internalizado la transparencia, pero no la participación ciudadana, lo que deteriora su incidencia en el quehacer público, porque la información a la cual accede el ciudadano, es irrelevante para que oriente sus decisiones en la vida cotidiana.

Este escenario genera un efecto de visibilidad ilusoria, que impide el conocimiento y justificación plena de las acciones públicas, creando un síndrome de desinformación de la opinión pública, que obstruye y deteriora el principio de máxima visibilidad.

Es innegable que se ha avanzado en la presentación y disposición de información, como piso mínimo de las prácticas de Gobierno Abierto; empero, persisten prácticas de opacidad, que obstaculizan el acceso a la información, erosionan su calidad y oportunidad, condición que se agrava debido a que los medios que ofrecen los gobiernos para incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones, son mínimos, insuficientes, ineficientes, ineficaces, fútiles, y habitualmente, dispersos, fragmentados e inconexos.

A estas anomias que deterioran la participación ciudadana, se debe sumar el hecho de que los nuevos sujetos obligados presentan dificultades y demoras para transparentar su información; y pese a que en su mayoría cuentan con  páginas de internet, no cubren con las obligaciones de transparencia, ni contienen información orientada a la ciudadanía.

Los elementos de este análisis invitan a cuestionar, ¿Qué instituciones requerimos para responder a las demandas de la sociedad? ¿Qué mecanismos debemos crear para lograr la plena inclusión de la participación ciudadana? ¿Qué se requiere para que la ciudadanía pueda activar los mecanismos existentes, fomentar la participación ciudadana y cumplir con las expectativas de gobierno abierto?

La respuesta a este mal endémico institucional es crear el Sistema Estatal de Participación Ciudadana, que edifique integral y armónicamente las disposiciones para que las estructuras operativas hagan efectiva la corresponsabilidad del tejido social; donde la gestión ciudadana se articule en un nuevo paradigma institucional, basado en la horizontalidad y ciudadanización de la toma de decisiones públicas.

El ciudadano tiene el derecho humano a un buen gobierno. Es el pueblo el que encausa el mandato de la soberanía nacional. La institucionalidad no puede constituir un espacio jerárquico de predominio, que niegue sistemáticamente el valor del escrutinio ciudadano.

Agenda

  • Con la falta de nombramientos del Fiscal Especial Anticorrupción, de los magistrados de la Sección Especializada y de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se llevó a cabo la Sesión de Instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
  • Se aprobó la iniciativa de reforma constitucional del Gobernador Omar Fayad para crear el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Hidalgo. (Más información en: http://www.inteligenciaelectoral.org.mx/)
  • El ataque norteamericano a instalaciones militares en Siria, agrava las condiciones de la población, que sufre una guerra civil cuya crisis humanitaria debe ser atendida y condenada solidariamente, a nivel internacional.

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