El Sistema de Participación Ciudadana y el Costo Social de la Democracia

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Perspectiva.  Desarrollo democrático

corrupcion

Los comicios del pasado 4 de junio que renovaron tres gubernaturas, dos congresos locales y 270 ayuntamientos en los estados de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, reflejan profundas complicaciones políticas que deben aleccionarnos sobre el futuro inmediato de nuestro desarrollo democrático.

El escenario de las elecciones de 2018 es complejo, se disputarán 3539 cargos y se elegirá al Presidente de la República, a 128 Senadores y a 500 Diputados Federales. En 9 entidades federativas se elegirá Gobernador; en 27, a Congresos Locales, a los que se elegirán 591 Diputados de Mayoría Relativa y 393 de Representación Proporcional. También se elegirán 1901 Ayuntamientos y 16 Alcaldías de la CDMX; adicionalmente, será interesante dar seguimiento a lo que suceda con la aplicación del principio de reelección para legisladores locales. (https://goo.gl/f3M1nu)

A Vox Populi se reclama que nuestra democracia es cara, opaca y no brinda certeza. Se señala que carece de legitimidad para los que ganan las elecciones, conclusión errónea, porque compara el total de votos obtenidos por el ganador, contra el total de electores inscritos en el padrón electoral y no en relación al total de votos válidos.

Empero, el reto no es sólo cómo organizar mejor las elecciones, o abatir los costos de la democracia electoral, o controlar los topes de financiamiento de campañas, o lograr la sana y deseable legitimidad del proceso electoral.

El desafío es refuncionalizar las instituciones del poder y ciudadanizar sus estructuras para desterrar la corrupción, la impunidad y la opacidad que siguen lastimando a una sociedad que clama por construir una democracia de calidad, en la que se rindan cuentas, se fiscalice a Partidos Políticos e instituciones electorales; y se erradique el anquilosamiento y la verticalidad en la toma de decisiones políticas y gubernamentales.

El escenario para 2018 augura una contienda cerrada, situación ante la cual las fuerzas políticas deben generar certidumbre al proceso electoral y aceptar las reglas electorales que ellas mismas han construido; asimismo, evitar que el descontento por no haber triunfado, propicie el desencuentro social y afecte la armonía y convivencia de los ciudadanos.

Un análisis crítico del déficit de la democracia debe iniciar reconociendo la derrota histórica infringida a la participación ciudadana, tanto en las estructuras institucionales y sociales, como en los procesos políticos, donde la verticalidad de los enclaves autoritarios, ha dejado una dolorosa lección y un elevado costo social, al imponerse en detrimento de la lógica de racionalidad y legitimidad política.

Indiscutiblemente, los partidos políticos son causa fundamental del ostracismo ciudadano y de la subcultura política; han dejado de ser conductores sociales y su anquilosamiento polariza la fuerza ciudadana que ha recurrido a la creación de organizaciones que rechazan el tradicionalismo político y cobran legitimidad por no provenir del sistema político o del intervencionismo institucional.

El debilitamiento del sistema de partidos, anula la dinámica unificadora del tejido social, erosiona las oportunidades y perturba la salud democrática, fenómeno que advierte una preocupación central: ¿cómo se puede gobernar cuando se le ha expropiado al pueblo el poder soberano y la participación ciudadana?

La historia política de la Nación alecciona que la ausencia de legitimidad del poder es producto de la carencia de estabilidad política, funcionalidad administrativa, progreso económico y paz social, lo que inminentemente conduce al subdesarrollo que empobrece la politización social y reduce la democracia a una simulación institucional.

¿Cómo se pueden combatir las anomias de la famélica democracia que vivimos, si no cambian las prácticas y persiste como denominador común del ejercicio del poder la corrupción  y la impunidad?

El sistema político y de gobierno debe dejar de ser un obstructor de la dinámica de oportunidades del tejido social y admitir el rol del ciudadano como co-decisor de toda acción pública.

Hay que reivindicar la soberanía y el espíritu de ciudadanía efectiva; trazar las bases de un proceso que construya un nuevo paradigma político centrado en la participación ciudadana; abrir y ciudadanizar las lógicas operativas del Estado; crear mecanismos legales para la inclusión social; y garantizar que toda lógica gubernamental incida en la preservación del interés público.

Refuncionalizar las estructuras institucionales debe sustentarse en los valores y componentes ciudadanos del Estado, no en la desconfianza social; en un mandato corresponsable y horizontal, no en la obediencia a una democracia diferida; en la política como la virtud que dignifica toda esperanza humana, no en un ejercicio parcelario, faccioso, o potestad de élite.

Estas premisas perfilan una realidad contundente: mientras la participación ciudadana no se asuma como una lógica funcional sistémica del ejercicio del poder, la democracia representativa decapitará toda posibilidad de corresponsabilidad gubernamental.

El núcleo del sistema democrático es la participación ciudadana, pero no como comparsa legitimadora, sino como presupuesto básico que va más allá del acto de votar, deberá expresarse en la planificación democrática de la que emanen las necesidades ciudadanas, sin interlocutores ni cortapisas.

No se puede admitir que el déficit de participación ciudadana en las estructuras decisorias del quehacer público, se deba exclusivamente al síndrome del enquistamiento de las élites en el poder; hacerlo sin evaluar el proceso de democratización de lo público, reduciría la realidad a dominantes y dominados. Tampoco se puede aceptar que la participación ciudadana per se, al margen de toda instrucción política, es positiva para abrir y democratizar el orden sistémico.

Lo que debe primar para reconstruir la institucionalidad y el espacio público, es la imaginación e inteligencia social; condición que implica la deliberación ciudadana como requisito para actuar en el ámbito político-gubernamental y reconocer que la virtud de la participación ciudadana, oriente y retroalimente las acciones operativas de las estructuras institucionales.

La participación ciudadana es la esencia de lo público. Sin ella, la política es una ínsula parcelaria cuyo costo social condena al ciudadano al autoritarismo y nulifica la redistribución del poder político, porque hace de la soberanía el súbdito del apetito de la élite del poder.

Agenda

  • El Gobernador Fayad Meneses, anunció 9 inversiones por 626 millones de pesos, que generarán 1,246 empleos directos que representan nuevas oportunidades para las familias hidalguenses.
  • En Omitlán de Juárez, el Gobernador Fayad Meneses y el Secretario de Turismo del Gobierno Federal Enrique De la Madrid, encabezaron la presentación de los programas: Viajemos todos por México y Conéctate al Turismo.
  • Esperamos que la Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, también sugiera a los diputados informarse del proyecto Geoparque: Comarca Minera Hidalgo. Les invitamos a visitar el siguiente sitio desarrollado por el CCCEH: https://goo.gl/DVRfTW

 

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