Perspectiva  Desarrollo democrático

 

La iniciativa de Reforma a la Constitución Política del Estado de Hidalgo y el paquete de leyes secundarias presentada por el Gobernador Omar Fayad Meneses para crear y operar el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), hacen de la participación ciudadana corresponsable, el paradigma de un neoinstitucionalismo basado en el trabajo conjunto, la solidaridad, la confianza y la probidad del ejercicio público.

Se trata no sólo de combatir las anomias de la corrupción, sino recuperar la credibilidad ciudadana en las instituciones democráticas y borrar el malestar del tejido social, que ha impedido la armonización de la tarea pública, su concreción y legitimidad.

Este escenario demanda una amplia restructuración, no sólo del marco legal, sino de los mecanismos que hacen aplicables las leyes en materia anticorrupción, y de una estrategia institucional integral, centrada en la corresponsabilidad ciudadana y en evitar la fragmentación, la dispersión y la inconexión administrativa que hasta ahora ha primado.

El camino es claro. El paquete de iniciativas para conformar el marco jurídico del SEA, constituye un instrumento necesario para anticipar el punto de quiebre social, y actuar en la moralización de los servidores públicos, generando un nuevo Modelo de Probidad Pública, en una nueva era de ética institucional.

La implementación del SEA debe vigilar que la ruta trazada cuide los tiempos y movimientos para su gestación, ya que debe nacer provisto de luz y no de opacidad; lo que exige transparencia absoluta, inteligencia institucional y vertebrar su estructura con organismos cuyo capital ciudadano constituya la génesis de su soberanía.

La ruta seguida por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) debe ser emulada, pero no copiada al calca. Requiere evaluar el contexto y las potencialidades endogámicas de los poderes públicos locales y de la sociedad hidalguense; premisa básica para garantizar la armonía del proceso, su legitimidad y limpieza, porque es importante cuidar la forma como el fondo.

La integración de la estructura operativa del SEA precisa convocar a la ciudadanía de forma abierta, incluyente y plural; garantizar que este proceso histórico haga efectiva la participación de universidades públicas y privadas, colegios de profesionistas, centros de investigación, intelectuales, académicos y personajes notables de las organizaciones de la sociedad civil, todos especializados en temas anticorrupción, rendición de cuentas, gobierno abierto, transparencia y acceso a la información pública, así como de ética y probidad en el servicio público.

Como ocurrió a nivel federal, debe contemplarse explícitamente una convocatoria diferenciada a las OSC’s y a las instituciones educativas, ya que de no hacerlo, se estarían contraviniendo los principios que sostienen el propio SEA, con lo que se correría el riesgo de la invalidez constitucional de la normatividad local como fue el caso de Veracruz y Chihuahua.

Los tiempos y movimientos de implementación deben cuidar la conformación de la Comisión de Selección (CS), como órgano encargado de designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), que es el eje rector del sistema y la vía de interacción entre la sociedad civil y las instituciones.

Se debe custodiar este proceso para no excluir a ningún ciudadano por su filiación política, ya que considerar inhabilitados a los ciudadanos que quieran postularse a formar parte de la CS o al CPC, por el sólo hecho de ser miembros, adherentes o afiliados de partidos políticos, durante los cuatro años anteriores a la fecha de la emisión de la convocatoria, contraviene el ejercicio de los derechos políticos ciudadanos, lo que motivaría a los órganos protectores de derechos humanos a promover las correspondientes acciones de inconstitucionalidad, por ser violatorio del derecho a la participación ciudadana.

En justicia, la inhabilitación para participar en la conformación del SEA debe ser exclusiva para quienes tengan cargos de dirigencia partidista, de representación popular o de cualquier trayectoria pública asociada a alguna expresión política partidista.

El SEA tienen asignadas facultades muy importantes, por lo que es crucial que los perfiles de los integrantes de la CS, el CPC y el Secretariado Técnico, respondan a capacidades y habilidades profesionales e intelectuales, y a trayectorias de probidad, ya que les corresponde proponer políticas anticorrupción, metodologías, indicadores de evaluación, así como la custodia del sistema.

De igual manera, la integración del Comité Coordinador del SEA reclama establecer mecanismos eficientes de coordinación y colaboración de las instancias que lo conforman. Esta estructura la encabeza el Presidente del CPC, y la integran la Auditoría Superior (ASEH), la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, la Secretaria de la Contraloría, el Representante del Consejo de la Judicatura, el Presidente del ITAIH, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y en el caso de Hidalgo, se incorporan cinco contralores municipales, con un sólo voto.

Esta particularidad, al no corresponder al esquema nacional, ya que los estados no están representados en el SNA, plantea cuestionamientos como: ¿De qué manera se elegirá a los municipios? ¿Cómo acordarán el sentido del voto que les corresponde?

Empero, hay que contemplar que la incorporación de la Auditoria Superior del Congreso del Estado y la Secretaría de la Contraloría, al Sistema Nacional de Fiscalización, abre la posibilidad de explorar la creación de un Sistema Estatal de Fiscalización, en el que participen los 84 órganos de control interno municipales, debidamente organizados en comisiones.

Otra estructura que debe instaurarse es la Secretaría Técnica (ST), organismo descentralizado, no sectorizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, cuya Comisión Ejecutiva es responsable de preparar los insumos técnicos que permitan al Comité Coordinador del SEA realizar sus funciones y determinar la información que el Secretario Técnico debe incorporar a la Plataforma Digital Nacional, para dar seguimiento a los fenómenos de corrupción, garantizando la creación de una métrica que pondere los índices de este fenómeno.

La vertebración de la estructura orgánica del SEA exige la participación irrestricta y solidaria de la sociedad civil, porque más allá de constituir una reestructuración jurídica en materia anticorrupción, es la esencia de la conquista política de la ciudadanía en la toma de decisiones del quehacer público y constituye en definitiva, la huella de la certidumbre social del Estado.

Agenda

  • El Gobernador del Estado Omar Fayad, encabezó dos importantes eventos, uno en el que se dio a conocer la estrategia para obtener el “Acta de Nacimiento en Línea”, presentada por el Lic. Jorge Rojo García de Alba, Titular del RENAPO, y la XV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en la que estuvieron el Lic. Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad y el Lic. Alberto Rodríguez Calderón, Titular del Sistema Penitenciario Federal (OADPRS).

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