La osadía de no callar la tortura sexual

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Reportaje de Sandra Suaste/Regeneración Radio

El 17 de noviembre concluyeron las audiencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica, realizó con respecto al caso “Tortura sexual a las mujeres en Atenco”. El proceso judicial ha sido intrincado y ya pasaron 11 años, pero la justicia sigue ausente, por lo que las sobrevivientes han decidido desafiar las instituciones nacionales y recurrir a las internacionales.

En algunos meses, la CIDH dictará una sentencia que se anticipa condenatoria para el Estado mexicano. El proceso ha sido lago y lleno de desafíos en un entorno donde la justicia difícilmente es inmediata y, mucho menos, espontánea, pero en este camino, las mujeres de Atenco han tenido la osadía de no callar la tortura sexual.

VIOLENCIA PREMEDITADA

Las-mujeres-en-AtencoLos floricultores de San Salvador Atenco y Texcoco habían sido desalojados de sus puntos de comercio, cientos de personas se manifestaban por su reinstalación y los ataques policiales se hicieron presentes. La policía detuvo a gran cantidad de personas, entre  ellas, muchas mujeres. Las más de 40 sobrevivientes de tortura sexual recuerdan mejor que nadie ese miércoles 3 de mayo de 2006.

Para algunas, la pesadilla fue el jueves 4. Centenares de camionetas y camiones llenos de elementos de seguridad Municipal, Estatal y Federal Preventiva se preparaban en las entradas del pueblo, cargaban combustible en tanto ajustaban un mensaje de terror, pues se supone que llevaban ya el mandato de emplear violencia sexual en contra del género femenino, táctica que se ha empleado a lo largo de la historia para intentar romper la resistencia popular.

“No eran policías que se excitaron en el momento de la detención, era parte de una orden de una estructura de represión, un operativo completamente sistematizado”, afirma Mariana Selvas, mientras habla del horror que vivieron esos días. Mantiene la mirada firme, la fuerza se acentúa en sus palabras a pesar de los 20 meses que pasó en prisión.

Un operativo dantesco ordenado por Enrique Peña Nieto ‑gobernador del Estado de México en aquel entonces‑ se ensañó con mujeres de un importante número de organizaciones adherentes a La Otra Campaña y las pobladoras de Atenco. Los abusos policiales durante esos dos días fueron desbordantes: golpes, humillaciones, abusos verbales, violencia sexual, detenciones arbitrarias e incluso el homicidio de dos jóvenes.

Una madrugada fría e inundada de sonidos: las campanas de la iglesia, explosiones de gas lacrimógeno, gritos; las botas, escudos y toletes de los granaderos retumbaron en el pavimento de cada centímetro del poblado, impactándose en los rostros, cuerpos y la dignidad de las mujeres, con toda la permisividad y el mandato del Estado mexicano.

“¿Conoces al EZLN?” “¿Has estado en Ciudad Universitaria?” “¿Participaste en el foro mundial del agua?” “¿Has estado en la Selva Lacandona?. son preguntas que abundaban en el interrogatorio dirigido a las detenidas, documentado en State Violence Against Detained Women in Mexico. The San Salvador Atenco Case, informe de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. Desde cinco años antes se arrastraba un conflicto, un proyecto de aeropuerto que intentó consolidar Vicente Fox en su momento y que hasta la fecha se intenta imponer con el ahora presidente Enrique Peña Nieto.

SORDERA DE LAS INSTITUCIONES MEXICANAS

El desafío de hablar públicamente de violencia sexual, pero sobre todo ante los organismos mexicanos, no fue sencillo. A los pocos días abundaban las declaraciones machistas de los servidores públicos; una y otra vez las llamaron mentirosas. “¡¿Cómo podía una mujer decirlo?! Las mujeres no denuncian”, afirmaba satíricamente Wilfrido Robledo, ex comisionado de la innegable ideología patriarcal: “se hubieran quedado en su casa haciendo tortillas” y bufaba en una entrevista televisiva: “A ver, dígame, dígame, en el autobús ¿En qué posición estaban cuando los (sic.) estaban violando?”

En todos los casos, “la forma de operar de la policía fue idéntica, apilar personas, torturar sexualmente a las mujeres, identificar vínculos familiares: madres con hijos y esposos para que fueran testigos de la tortura”, recuerda Italia Méndez. Ella estuvo detenida durante dos semanas y es una de las 11 mujeres que decidieron seguir con el proceso jurídico hasta llevarlo a la Corte.

Para 2007, los peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR) dictaminaban que no había ninguna señal de violencia y consideraron cerrado el caso. Entonces las mujeres ‑en conjunto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh)‑ resuelven presentar una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y deciden gritarle al mundo y a las instancias nacionales ensordecidas e indiferentes que habían sido víctimas de tortura sexual, que el estigma que implicaba hablar de las vejaciones no las iba a detener.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de las mujeres en 2009; meses más tarde, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (FEVIM) se negó a investigar las corporaciones federales. Ante la nula esperanza en la justicia proporcionada por su propio país, recurren nuevamente a instancias internacionales.

LA EVASIÓN DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA

Cadena-de-MandoEn 2011, durante su campaña presidencial, Enrique Peña Nieto afirmaba sin resquemor, ante una multitud furiosa de la Universidad Iberoamericana, que él había tomado la decisión de “emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz” en Atenco. En efecto, hubo una “responsabilidad en la cadena de mando, vigilado por aire y tierra, fraguado desde las más altas esferas de poder, con resultados catastróficos”, afirma Araceli Olivo Portugal, abogada del Centro Prodh, cuando habla de quienes tienen que ser sentenciados por el caso.

En diversas ocasiones se realizaron algunas relatorías del caso con representantes de las Naciones Unidas; posteriormente la CIDH aceptó el caso y se realizó una audiencia en 2013. Bárbara Italia Méndez proporcionó su testimonio íntegro, habló de los efectos que tuvo la tortura, afirmó: “espero que se escuche con atención la voz de las víctimas, que se tome con seriedad, porque el Estado en repetidas ocasiones nos ha demostrado que nuestra palabra no vale, que nuestro testimonio no tiene fuerza y que lo que nos ocurrió queda impune”.

Ahí estaban ‑siete años después de la barbarie‑ los representantes del Estado mexicano por primera vez sentados en una mesa para hablar “diplomáticamente” del caso. Ofrecieron una “solución amistosa” que constaba de tratamiento médico, psicológico, revisión de las causas penales así como una remuneración económica, vivienda y educación.

A través de la voz de Italia se comunicó que las 11 mujeres no deseaban explorar una “solución amistosa”, pues el gobierno de México tuvo la oportunidad de demostrar una voluntad política desde 2006, en cambio, emitió difamaciones, información falsa y evidenció su incapacidad de responder a las demandas de verdad y justicia.

Hablar DE TORTURA SEXUAL

 

En 2006 era impensable pronunciar el término “tortura sexual” sin que fuera motivo de burla, sarcasmo o ironía en las instancias mexicanas que legalmente aún no incluyen esa tipificación. La decisión de las mujeres del caso Atenco de no quedarse calladas por temor o vergüenza fue un elemento clave en este camino aún inconcluso  de búsqueda de justicia.

Las mujeres tuvieron que repetir “tortura sexual” una y otra vez durante semanas, meses y años. En las instituciones de puertas permanentemente cerradas, con la sociedad civil, el movimiento social y sus familias.

La obtención de garantías de no repetición es uno de los objetivos del movimiento. “Vivo con miedo de que esto me vuelva a pasar o le pase a otras personas”, afirman varias de ellas, pero es un temor que no paraliza sino que impulsa sus acciones cotidianas y colectivas para convertirse nuevamente en Italia Méndez, Suhelen Cuevas, Edith Rosales, Claudia Hernández, María Velasco, Patricia Torres, Mariana Selvas, Cristina Valls, Yolanda Muñoz, Norma Jiménez y Patricia Romero, con rostro, cuerpo, sueños, vida sexual y laboral, participación política, sobrevivientes de tortura sexual y no “las violadas de Atenco”.

“Para nosotras, es muy importante seguir con esta denuncia, seguir juntas nos da fuerza, es muy importante haber tomado la decisión de no callarnos, de seguirlo diciendo y de seguirlo difundiendo”, dice Norma Jiménez cuando habla modestamente de lo que han construido. La campaña “Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual” representa ese esfuerzo colectivo en el que se conjuntaron siete casos más, abusos con características similares direccionados conforme a la condición de género.