Podrían denunciar ante la SCJN al municipio de Tepeji del Río

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Por Beatriz Flores González

  • Por la negativa de proporcionar servicios públicos.
  • Denunciarán ante el ministerio público una supuesta usurpación de profesión
  • Cuestionan si el municipio gasta los recursos públicos para que funcionarios contraten abogados externos para responder por lo que ellos no saben contestar.
  • El alcalde entablará dialogo con los quejosos a fin de llegar a un arreglo pacífico

 

“Por un funcionario público que se ha negado a proporcionar información que debe ser pública, por actitudes déspotas e irresponsables hacia la ciudadanía, por buscar que externos respondan a los cuestionamientos ciudadanos, por negarse a atender una indicación del propio presidente municipal que fue la de dar seguimiento al trámite de municipalización, por negar servicios públicos básicos y por no saber dirigir un área tan importante como lo es Desarrollo Urbano, se interpondrá una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el  municipio de Tepeji del Río”, informaron ciudadanos del fraccionamiento Presa Escondida.

En una narrativa de hechos, ciudadanos de la organización “Propietarios de Presa Escondida A. C”., han solicitado  a la administración pública de Tepeji del Río, información en cuanto al proceso de municipalización del  conjunto habitacional, toda vez que afirman, ellos cumplen con sus obligaciones al pagar el predio anualmente, así como los servicios de agua, luz, pero, carecen de recolección de basura y alumbrado público en áreas específicas y coincidentemente,  en donde viven quienes han decidido conformar una organización de la sociedad civil para buscar mejorar el lugar en donde radican.

Antonio Santiesteban Sosa, presidente de esta asociación que al momento  aglutina a unos 25 propietarios de predios de este fraccionamiento, mencionó que su organización es legal y cuentan con  acta constitutiva  con número 3434 inscrita bajo la fe del notario público  Javier Tovar Tovar, desde el 27 de octubre del 2016, “hemos estado pugnando desde la administración anterior que presidía Fernando Miranda Torres, para que el área encargada, les informe  sobre el procedimiento de municipalización de este fraccionamiento que tiene más de 30 años de haberse creado y que a la fecha el fraccionador, Enrique Soto Reséndiz no ha realizado, argumentando que no se ha concluido con la venta de todos los predios, argumento para no llevar a cabo este procedimiento”.

Mencionó que su lucha por saber en qué proceso están los trabajos para lograr la municipalización, es por la necesidad de servicios básicos y seguridad pública, ya que desafortunadamente existe otra agrupación que percibe cuotas de los colonos de este fraccionamiento campestre para dar el mantenimiento al mismo, pero el titular, Gerardo Arturo  Chacón Cortés, no ha entregado cuentas claras y varios de los vecinos han sufrido robos, de los cuales no se hacen responsables los elementos de seguridad privada contratados por este “administrador”, quien ha ordenado a los elementos de la corporación contratada,  que no les presten servicios a “los disidentes”  tal como levantar la pluma en la salida del fraccionamiento, a pesar de que durante muchos años le estuvieron dando su cuota como agremiados.

El origen del problema

Presa Escondida2Quienes integran la agrupación de Propietarios de Presa Escondida han dicho que desde el inicio, cuando adquirieron el predio en donde construyeron, el cual pagaron  al empresario Enrique Soto Resendiz y  aceptaron desde el principio agremiarse con la organización que ahora dirige Chacón Cortés, pagar sus cuotas, lo que hicieron durante varios años con el entendido de  que ese dinero era destinado para dar el mantenimiento al fraccionamiento; sin embargo comenzaron las inconformidades en el año 2014, cuando  Comisión Federal de Electricidad exigió el pago de cinco millones de pesos por adeudo del alumbrado público, lo que les alertó que sus cuotas no estaban siendo destinadas para el fin acordado.

“Quienes estaban y se han mantenido al frente de la asociación de colonos, así como el propio empresario, Enrique Soto, no atendieron el reclamo de CFE, por lo que la empresa  retiró las luminarias  y muchos nos encontramos  sin servicio de alumbrado público. Es una situación que nos parece injusta, porque nuestras cuotas como colonos son constantes, sin embargo, en su momento el hijo del fraccionador, Enrique Soto Alvarado informó a los propietarios que no se había hecho ningún contrato con CFE para que les proporcionara el servicio y por lo tanto, no iban a pagar ningún adeudo”.

Asimismo, fue hasta la administración municipal anterior, con Fernando Miranda, que llegaron a un convenio para que la Caamtroh proporcionara el servicio del agua potable, “el entonces presidente y el titular del organismo del agua, refirió  que a partir de ahí, se daba por iniciado el trámite de municipalización”, señaló el asociado.

Sin embargo, las inconformidades seguían por el adeudo millonario a CFE, por lo que algunos de ellos decidieron abandonar la agrupación de Colonos de Presa Escondida y conformar una organización distinta, cuyo objetivo era continuar con los trámites que aparentemente Soto Alvarado no tenía ninguna intención de proseguir;  “pero no nos iban a dejar trabajar en paz, ya que somos unos 200 propietarios en las tres secciones del fraccionamiento  y con la salida poco más del 10 por ciento de los asociados, comenzó el hostigamiento, ya que continuamente nos cortan el suministro del agua potable, por lo que optamos por comprar  en pipas, pero además de pagar por el líquido, nos impusieron  pagar un peaje de 200 pesos para que dejen entrar la pipa, bajo el argumento de que ese dinero sería utilizado para dar mantenimiento a las calles que se maltratan con el peso de la pipa llena de agua, hasta la fecha no han movido ni una piedra del empedrado de ninguna calle”, manifestó Santiesteban Sosa.

Presa Escondida

Fueron caminando los trabajos con Miranda Torres, sin embargo dejaron de presionar cuando se acercaba el fin de su mandato, pero se acercaron al actual alcalde, Moisés Ramírez Tapia, antes de que tomara posesión del cargo y éste los escuchó y les pidió un escrito solicitándoles la continuidad de la municipalización para que tuviera los elementos suficientes para intervenir. “En septiembre, después de que asumió el cargo, entregamos el oficio y se realizaron varias reuniones, pero ninguna generó avance, ya que se observó desde el principio que los funcionarios no tienen la capacidad para entender siquiera de qué se les está hablando, pero con la responsabilidad que caracteriza al presidente, dio la indicación al secretario municipal Óscar González, para que estuviera pendiente del asunto, éste a su vez nos dirigió con el secretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial,  Gustavo Gómez Baños, a quien le instruyó para tomar conocimiento del asunto y nos  informara sobre el avance en el  proceso de la municipalización, pero el tiempo siguió su curso y en enero no había respuesta por escrito, por lo que ingresan otro oficio recordándole el compromiso de informar, con copia para el gobernador; el cual tampoco recibió respuesta.

“Posteriormente, en abril fuimos directamente con el gobernador Omar Fayad Meneses, para solicitarle su intervención, ya que cada vez más se nos complicaba recibir el servicio de alumbrado público y de recolección de basura,  a capricho del presidente de la asociación de colonos, que  ha emprendido un acoso contra nosotros por negarnos a seguir engrosando su bolsillo”.

Narró que por parte del gobierno estatal se  instruyó a  Gonzalo Hernández, en ese tiempo director regional de Gobernación para buscar un arreglo y se llegó a reunir con el secretario municipal y el titular de Desarrollo Urbano y ahí  reiteraron que su único interés, es tener los servicios básicos a los que tienen derecho, el mismo que les otorga el pagar puntualmente su predio y la obligación  del municipio que recibe  sus recursos.

Cabe señalar que para este asunto, en la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial que rige al estado de Hidalgo, señala que  el empresario fraccionador debe cubrir los pagos de impuesto predial de todos sus fraccionatarios, en tanto no se realice la municipalización del predio, mismo que al solicitar forme parte de las obligaciones del municipio, debe contar con todos los servicios básicos, como es drenaje, agua potable, alumbrado público, reserva para áreas verdes, etc.

Acumulación de basura

La entrada al fraccionamiento olía terrible.  Moscas y hasta ratas se estaban mudando para el espacio ubicado detrás de la caseta.   Toda la basura se iba acumulando en el lugar, llegando a contabilizarse 7 toneladas y media, según el peso que dijo el chofer que llegó con un camión recolector de basura, cobrándonos 500 pesos por tonelada. En ese pesaje, incluyó pacas de cartón, bolsas de pet, que ya llevaban en el recolector, mismas que ya iban pesadas, separadas, amarradas las pacas, pero de las cuales, también tuvimos que pagar para que se las llevaran.

Funcionario público les ha faltado al respeto

15422568A partir de la instrucción, primero del presidente Moisés Ramírez Tapia, luego del secretario municipal, Óscar González, de enfocar el trabajo de investigación para realizar el proceso de municipalizar un fraccionamiento cuyo propietario durante más de 30 años ha evitado cumplir con la  ley,  se tuvieron escasas dos reuniones, en las que no había nada de información sobre el avance, solo una respuesta “cínica y burlona” de Gustavo Gómez Baños, secretario de Desarrollo Urbano de decir “no hay nada, si no es tan fácil”, pero sin argumentar el porqué de los obstáculos para hacer a un empresario alinearse con el municipio y cumplir con sus obligaciones con quienes adquirieron los lotes, que en el contrato marca que incluyen servicios”.

 De febrero   hasta junio tuvieron una reunión, en la que Gómez Baños “se portó de una manera grosera, burlona, no obstante y a pesar de su actitud, se acordaron reuniones mensuales informativas sobre el avance, pero en julio el funcionario llegó dos horas y media más tarde del horario marcado, luego de que el secretario lo mandara llamar recordándole el compromiso, diciendo a los ahí reunidos que no se trataba de una tarea fácil y que aún no tenía ninguna respuesta. Para agosto no se cumplió la cita por parte del secretario de desarrollo urbano, por lo que se deshizo el acuerdo, pero debido a la presión, hasta septiembre volvieron a reagendar, para nuevamente dejarnos esperando por más de dos horas.

En esa ocasión tuvo que intervenir el contralor, Mario Alberto Rivas Hernández, para hacer un apercibimiento a Gómez Baños a que respetara a los ciudadanos que acudían para recibir una respuesta y evitar sus actitudes prepotentes y déspotas. “A regañadientes pidió dos meses, fijando la fecha del 21 de noviembre para darnos información sobre el avance de su trabajo y no tuvo la educación para decirnos él personalmente que no había nada, pero si llevó a un abogado, de nombre Erick Candelaria Martínez, quien fue el que respondió a medias todos los cuestionamientos y aseguró que lo que nosotros requeríamos salía de la competencia del funcionario, ya que se trata “de información reservada” que no era posible proporcionarla, ”, dijo Santiesteban.

Para el 28 de noviembre, el contralor informó que efectivamente, ya se había iniciado un procedimiento de queja contra  Gustavo Gómez Baños, del cual al parecer ya no habrá ratificación por parte de la agrupación de propietarios;  “pero ya se le notificó al funcionario para que responda como es su derecho sobre el asunto y presente pruebas de inocencia de la presunta falta cometida en agravio de los ciudadanos quejosos”, precisó el contralor.

Cabe señalar que también habían anunciado una  queja en contra de la sub contralora, quien el pasado 21 de noviembre por instrucciones del contralor acudió a la reunión y cuando le solicitaron su nombre, se negó a proporcionarlo.  Al parecer no la presentaron.

La inconformidad

Ante la opacidad, falta de compromiso y de responsabilidad para la ciudadanía de un funcionario,  los integrantes de esta organización de la sociedad civil  han anunciado que interpondrán su queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que han establecido una serie de acciones como el derecho de petición de la información, que en este caso no es reservada ni confidencial y que les ha sido negada bajo ese argumento,  que han tolerado “las actitudes prepotentes, groseras, pero además de ignorancia e incapacidad profesional  del servidor público que no tiene actitud de servicio para la población, que además está haciendo uso de un abogado que no pertenece al departamento jurídico del  municipio para que responda por su ineficacia, lo que implica que siga retrasándose el derecho de a los servicios públicos, toda vez que ellos si corresponden con sus contribuciones al municipio”.

Asimismo han advertido que interpondrán una denuncia ante el ministerio público por la probable usurpación de profesión de Gustavo Gómez Baños, en caso de que no acredite con cédula profesional el título que ostenta como ingeniero, egresado del Instituto Politécnico Nacional, toda vez que el cargo que le ha sido conferido, según la Ley Orgánica Municipal, El Titular de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología,  deberá contar con título profesional  y con experiencia mínima de un año. “El funcionario no aparece su nombre ni número de cédula en el Registro Nacional de Profesiones (RNP) ni en la dirección general de profesiones del IPN”, refirieron los quejosos.

Es de mencionar que también este medio  hizo el rastreo en el RNP y no arroja ningún dato.  Sin embargo en la página de transparencia del gobierno municipal, en ejercicios anteriores, dentro de la síntesis curricular de los funcionarios, en el área que corresponde a Desarrollo Urbano, se evidencia que el título se encuentra en trámite.  Señala el documento que puede consultarse en la página de transparencia que  es Ingeniero Civil con Título en Trámite y que trabajó desde septiembre del 2014 hasta enero del 2016 en Columen Constructora S. A. de C. V., como Supervisor de Obra.

Por otra parte, los quejosos mencionaron que la relación sentimental que sostiene el funcionario con la hija del fraccionador, que es la regidora Irene Soto Valverde puede influir en la decisión de no realizar un trabajo para la ciudadanía que se lo solicita, a fin de no conflictuarse con su pareja ni con el padre de ella.

En entrevista telefónica con la regidora Soto Valverde en la que previamente se le pidió una disculpa por preguntarle con respecto a su relación sentimental con el funcionario y dijo “cuando decidí participar en la contienda política por el partido del PRI, la condición de mi padre fue dejar de colaborar con él en la empresa y uno de los encargos que nos hizo tanto a Gustavo como a mí, fue separar precisamente la relación del trabajo en la presidencia para él y para mí de la atención para la ciudadanía y legislando para poder ofrecer resultados a quienes votaron por nosotros.   Convencida respondo que en ningún momento me atrevería a pedirle al funcionario que intervenga o niegue alguna información que tenga que ver con el desarrollo de la función pública y si él tiene que emitir alguna solicitud o recomendación a mi padre, el licenciado Enrique Soto, lo debe hacer sin el menor temor de ser ignorado, mi papá responderá cualquier cuestionamiento”, concluyó.

El alcalde  al tanto y ocupado en dar una solución

En breve entrevista al concluir la sesión extraordinaria de cabildo, el alcalde Moisés Ramírez Tapia comentó que es en realidad una situación compleja la de municipalizar el fraccionamiento Presa Escondida.

“Si bien es cierto que se inició con el suministro de agua potable, eso no implica que se haya iniciado el proceso de municipalización en un fraccionamiento que es en su mayoría utilizado por ciudadanos que solo vienen de fines de semana o en vacaciones y que no han dimensionado lo que implica municipalizar.  El agua es operada por la Caamtroh, como un acuerdo  para prestar el servicio. Ahí se tiene un pozo que es operado por el organismo del agua.

Al pedirle abundara un poco sobre el tema, dijo “mira, la explicación es sencilla, porque a ellos como propietarios de un fraccionamiento que ciertamente no es privado,  al pasar a formar parte del municipio, no van a permitir que entren taxis, microbuses, la seguridad pública, porque si ahora se quejan de que han sufrido algunos robos, al abrir las puertas para que ingresen vehículos extraños, el riesgo se incrementa, es por  eso que ellos han acordado que pagan a una empresa de seguridad privada, para brindarles servicio de vigilancia.   El abrirse a la municipalización, al gobierno le implica invertir en calles, drenajes, agua potable, alumbrado público, servicios que el vendedor de los lotes debió haberles incluido, como parte de su venta, ya que el ofrecimiento es de terrenos con todos los servicios.

“No es a los vecinos a quienes se tiene que dar información al respecto, ya que el trámite debe hacerlo directamente el fraccionador y si él está incurriendo en alguna omisión con sus colonos, él es el que debe responderles y darles solución a las problemáticas que se presenten.  Mientras no realice el trámite con el municipio, nosotros no estamos obligados a prestarles los servicios, sin embargo, en un afán de no afectar la buena vecindad, se le está otorgando el suministro de agua, si hay camiones recolectores de basura, pero aunado a ello, celebraremos una reunión con los integrantes de esta asociación, para llegar a un acuerdo que permita establecer un trabajo coordinado, reiterando, que no es al municipio sino al empresario, al que corresponde brindar y cubrir todas estas necesidades a sus compradores, mientras tanto, tendremos una reunión de diálogo en días posteriores para encontrar la mejor solución.

En relación al actuar del funcionario, aseguró que no ha faltado al respeto a los ciudadanos, ha proporcionado la información que ha conseguido, “pero cada quien interpreta de manera distinta y si esa es su percepción, poco podemos hacer para cambiarla”, precisó.

Reglamentación para fraccionamientos

Los fraccionadores deben cumplir una normatividad y según esta, son 24 meses para entregar los fraccionamientos a la municipalización

Existe una normatividad aplicable para estos casos; para aprobar la propuesta se deben de seguir una serie de requisitos, que se analizan de manera municipal, estatal y en ocasiones el ámbito federal también actúa.

Ya que se está de acuerdo, el proyecto se sube a una Mesa de Aprobación de Anteproyecto de Fraccionamiento (MAAF).

En la MAAF hay una serie de consejeros que representan a las dependencias que tienen que ver con la planeación, crecimiento y construcción de un nuevo fraccionamiento.

Cuando todos han concordado, se genera el “Acuerdo de Fraccionamiento”, donde se establecen todos los requerimientos que se deben de cumplir con un plazo de veinticuatro meses para que se desarrolle.

Ya que el desarrollador lleva a cabo las acciones de urbanización que se le hicieron en el acuerdo, el dictamen se manda a Registro Público y a la Secretaría General de Gobierno y se publica para oficializarlo, para que se cumpla con ese acuerdo.
Una vez que se terminó la infraestructura y los servicios varios del fraccionamiento, pasa al proceso de entrega-recepción, que es la municipalización.

Para poder recibir el fraccionamiento el Ayuntamiento debe de estar seguro que se cumplió con todas las instancias que hicieron un requerimiento. Si no se cumple con uno de esos requerimientos no se puede recibir.

Además el desarrollador debe de pagar todos los servicios hasta ese momento, como es el agua, la energía eléctrica y verificar que se cuente con las constancias de todas las dependencias que tuvieron que ver en el “Acuerdo de Fraccionamiento”.

Es hasta ese momento, cuando el Ayuntamiento se hace cargo del fraccionamiento y tiene la obligación de prestarle los servicios de recolección de basura, áreas verdes, seguridad pública, vigilancia, bomberos, entre muchas otras.

5756586En el caso de Tepeji del Río, las administraciones anteriores han fallado en exigirle a los fraccionadores concluyan toda la tramitología. De acuerdo a sus responsabilidades, han sido omisos y han permitido que se construyan fraccionamientos por empresarios que no cumplen con la normativa que exige la ley, por lo que han heredado a la actual administración conflictos que contraponen a los ciudadanos con el gobierno y funcionarios en turno.

Hablando específicamente del Fraccionamiento Campestre Presa Escondida, desde sus inicios no se habló de incluir licencias de comercios, como cafeterías, restaurantes, tiendas, hoteles, sin embargo, a la fecha está creciendo la infraestructura en este sector.