Perspectiva, Desarrollo Democrático

Una creciente desafección sobre la política deambula como fantasma en las democracias. Las estructuras de gobierno y sus instituciones no logran contener el desencanto y el desánimo de los ciudadanos que no se sienten partícipes ni perciben que la fuerza del capital social se aplique a una reestructuración política y democrática del Estado.

¿Qué pueden hacer el gobierno y la ciudadanía para constituir una fuerza monolítica capaz de reencausar el ejercicio del poder público y construir un país con futuro?

La respuesta exige reconstituir la cultura democrática para trascender el pragmatismo ciego a un ejercicio de gobierno con dignidad humana. Las instituciones deben tener rostro ciudadano y ser organismos horizontales que devuelvan a la sociedad el orgullo de ser partícipes en la edificación del porvenir.

En este contexto, el Presidente Enrique Peña Nieto refiere con precisión que “Una sociedad civil dinámica enriquece a México. Cerrarle espacios de participación, significaría perder una de las fuerzas de cambio más poderosas con las que cuenta un país.”

Una sociedad relegada y excluida del ejercicio de gobierno, exige plantear con una visión integral, la necesidad de ampliar los mecanismos y canales de participación ciudadana en la toma de decisiones del quehacer público, empero este reto parece diluirse en las élites del poder y si no lo enfrentamos, la crisis que vivimos será el epitafio de un Estado fallido.

Es necesario construir un macro-sujeto ciudadano. Una sola fuerza horizontal, cuya identidad política forje en un crisol socio-estatal, la consolidación de las estructuras comunitarias y vecinales; direccione la interacción con los grupos sociales; evite su dispersión orgánica; e impulse prácticas de corresponsabilidad y colaboración con el Estado.

Con la participación masiva de la ciudadanía, este macro-sujeto debe ser concebido para ampliar los procesos de toma de decisiones y construir una reacción de inclusión y cohesión social en cadena, que integre familias en una genealogía política y propicie una fuerza generacional informada y consciente de los objetivos, metas y principios del quehacer público.

Este esfuerzo exige desarrollar prácticas de gobernanza activa y de gestión ciudadana incluyente, capaces de recuperar las virtudes cívicas; producir capital político para el ejercicio de gobierno de abajo hacia arriba; y generar fuerza operativa, legitimidad y confianza ciudadana.

En esta lógica, el mensaje de conducción política del Instituto de Participación Ciudadana (IPC), es que su estructura horizontal está abierta (bajo sus normas y estatutos), a una Ley de Participación Ciudadana y a una Ley de Cultura Cívica Democrática que lo hace un espacio detonante del asociativismo; condición que ni los partidos, ni las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), pueden hacer, porque sus fines son excluyentes y sectarios por peso ideológico y político o bien limitados y específicos.

En los partidos no todos los ciudadanos tienen cabida, ya que el acceso es una cuestión limitada por ideología, intereses políticos clasistas, de credo e incluso económicos.

Mientras que un organismo como el IPC, crea lazos de credibilidad, confianza, reciprocidad y corresponsabilidad, condiciones propicias para impactar de manera transversal el déficit de participación ciudadana, que es uno de los anhelos frustrados de la sociedad.

Adicionalmente, reconocer la Participación Ciudadana como un Derecho Humano, significa tener un doble vínculo del tejido social con el Estado, ya que atiende los derechos civiles y fundamentales de las personas y promueve la estabilidad social al hacer política con el Estado y para el Estado, realidad multidimensional capitalizable por el impacto de asociación, aceptación y movilidad ciudadana en el ejercicio de gobierno.

La creación del IPC, fortalecerá los vínculos de hegemonía socio-estatal al dotar al gobierno de un rango de acción suigéneris, capaz de construir acercamientos entre posturas políticas y grupos antagónicos y apolíticos; y edificar la legitimidad del ejercicio del quehacer público mediante la sanción ciudadana de las metas, objetivos y estrategias contenidas en las políticas públicas y en los planes y programas de gobierno.

En este sentido, la estructura orgánica y normativa del IPC, estaría en consonancia con los Poderes del Estado. Su funcionamiento se daría mediante mecanismos de democracia resolutiva vinculados a los tomadores de decisiones responsables de las directrices del ejercicio de un gobierno de proximidad social.

El Instituto de Participación Ciudadana, reorienta el sentido de hacer política, dota al Estado de solidez en la gobernanza activa, crea un bloque socio-estatal proclive al apoyo irrestricto de las estructuras políticas y ciudadanas y fortalece lazos de confianza y credibilidad, mediante procesos de concertación progresista horizontales, incluyentes, deliberativos, libres, abiertos y plurales.

En el IPC, la construcción de ciudadanía será abordada desde la perspectiva generacional que sin brechas ni distingos, forme una dimensión afectiva de la política con lazos primarios de fraternidad e identidad que amplíen y fortalezcan el entendimiento social.

Al no existir brecha generacional, se invierte el modelo de ciudadanía activa desde la mayoría de edad, al permitir que cualquier sujeto social se integre y partícipe de un horizonte político de desarrollo humano en la esfera pública, condición que propicia identidad, entendimiento e interés común.

El IPC al construir andamios de educación política temprana para desarrollar la inteligencia social, fortalece la formación cultural de las estructuras comunitarias y vecinales; socializa los referentes rectores que le dan sentido a la pedagogía política y a la cultura democrática; y apoya el desarrollo del civismo con elementos de cognición comprensibles a la comunidad, y lazos de transversalidad social con el Estado.

Los ciudadanos transitarán de la cognición al pragmatismo de las tareas socio-estatalesmediante talleres sobre difusión política, gestión, organización y funcionamiento de las instituciones púbicas; sesiones de discusión, debate y construcción de acuerdos; análisis para la transformación e integración social con visión de futuro proclive a escenarios tecnológicos y de innovación; entre otras actividades.

Estos cimientos permiten que la Agenda Ciudadana, las prácticas de Parlamento Abierto, Observatorios y el Sistema de Pesos y Contrapesos Sociales, constituyan el vector que le da sentido y magnitud a la discusión pública; reorienten los temas nodales del ejercicio de gobierno; y generen información a las instituciones para la prescripción y redirección de Políticas Públicas y Políticas Gubernamentales.

La lectura de esta realidad es el salto cualitativo que edificará desde la Data-Social, la racionalidad que le hace falta al paradigma de gobierno para ciudadanizar su futuro.

Agenda

  • Ha iniciado la etapa de campañas políticas, figuran en la boleta electoral a la Presidencia de la República los candidatos Ricardo Anaya Cortés (PAN), José Antonio Meade Kuribreña (PRI), Andrés Manuel López Obrador (MORENA) y Margarita Zavala Gómez del Campo (Independiente).

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