Como fecha histórica se recordará el 19 de abril del 2018, luego de que con 370 votos a favor la Cámara de diputados aprobara en lo general y en lo particular el dictamen que elimina el fuero de funcionarios de todos los niveles gubernamentales, en el que está incluido el presidente de la República.

El trabajo legislativo concluyó en la modificación de ocho artículos de la Carta Magna, derogando el segundo párrafo del artículo 108, que indicaba que el presidente de la República solamente podría ser acusado por tración a la patria y delitos graves del orden común.

Dicho dictamen será turnado al Senado para su aprobación y posteriormente se llevará a cada congreso para su análisis.    Sin embargo, las precisiones sobre este trabajo, es que ya no hay muro ni división entre los ciudadanos y los políticos, quienes no podrán actuar imponiendo su “fuero”, para no ser sancionados por cometer delitos diversos, ni ampararse en una ley que efectivamente distanció y clasificó a la ciudadanía.

Ni presidente,  ni gobernadores, ni senadores, diputados, ministros de la Suprema Corte de Justicia, Consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, el Procurador de Justicia, alcaldes, regidores, consejeros electorales, magistrados del tribunal electoral, podrán gozar de impunidad ni derechos superiores al grueso de la ciudadanía, y serán sometidos a la acción de la justicia en igualdad de condiciones.

Cuando haya denuncias, ningún funcionario abandonará el cargo hasta que le sea comprobada la responsabilidad, como parte de la presunción de inocencia.   Podría ser este un punto en desventaja, toda vez que los juicios a pesar de la implementación del sistema penal acusatorio, sigue siendo muy tardado, por lo que podría ocurrir que se mantengan en los cargos mientras dure su periodo y los juicios podrían detenerse.