Ni el amparo evitó que una particular mandara derrumbar una propiedad que reclama como suya

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Con una supuesta sentencia a favor, de la que no les entregaron una copia a las familias  que supuestamente fueron condenadas a cumplirla,  el día martes 8 de mayo resultaron afectadas ante la llegada de un actuario, abogados, la fuerza pública y la señora Ivón Dagda Olvera, para demoler dos metros de una vivienda, así como para cerrar la servidumbre de paso que utilizan siete familias.

Así es el conflicto que vive la familia Ortiz, en la calle Industrial de la colonia El Cerrito, en el que la tarde del lunes, vieron como trabajadores de Dagda Olvera comenzaron a romper paredes, acatando una supuesta orden judicial.

En entrevista directa en el sitio, acusaron los afectados que Ivon Dagda Olvera inició un procedimiento penal hace años que no prosperó, en el que les reclamaba una franja de terreno que actualmente utilizan como servidumbre de paso, argumentando que le hacía falta en su terreno, el cual le compró a su hermana Minerva Dagda. Al no verse favorecida con el procedimiento penal, inició una denuncia en materia civil, en donde acusó al propietario Roberto Ortiz de desalojo, mismo que señalan, de manera fraudulenta convenció al juez para que emitiera un fallo a favor de Ivón Dagda, desestimando todas las pruebas que ellos como propietarios por generaciones de un predio que ahora está fraccionado entre miembros de la familia Ortiz.

“Ni escrituras, ni documentos de donación, ni planos, ni testimoniales, fueron aceptados en el procedimiento, solo se basaron en un perito que envió la propia demandante, en el que obviamente mintió con una falsas medidas y el juez actuó con parcialidad para beneficiarla a ella”, indicaron.

Durante varias horas, personal de seguridad pública apoyó la diligencia en la que Dagda Olvera junto con un actuario enviado del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tepeji, así como abogados personales, propiciando incluso por momentos conatos de bronca, porque los elementos actuaron con violencia en contra de los vecinos, que lo único que hicieron fue defender su patrimonio.

Posteriomente, al señalar los abogados Juan Carlos y Jonathan Torres Jimenez que se había interpuesto un amparo para salvaguardar los derechos de las familias, el actuario dijo desconocer tal procedimiento, ya que no había llegado al juzgado ningún documento y ellos simplemente acudieron a realizar la diligencia, al mismo tiempo que les señalaron que ese documento, el cual tiene el sello del propio juzgado de lo civil en Tula de Allende, no significaba ningún amparo, que realmente no les servía de nada, por lo que el abogado Juan Carlos señaló que si en el estado la justicia es omisa, procedería a interponer un amparo federal, toda vez que el procedimiento del cual hacían referencia a la sentencia, estaba plagado de irregularidades.

Después de horas Ivón Dagda les dijo que estaba dispuesta a esperar que encontraran “el dichoso amparo”, por lo que se retiraron las patrullas que habían sido enviadas para apoyar al desalojo, sin embargo, por la tarde, por la parte trasera de la casa, personal contratado por la señora, procedió a la demolición de varios tramos de las paredes de la casa, afectando al principio la loza, luego una recámara, un baño, la sala, basándose en una marca que pintaron para delimitar lo que argumenta con un documento del cual no tienen copia los afectados, es de su propiedad.

demandados, desconocen mucho en materia de leyes, toda vez que en reiteradas ocasiones dijeron que al principio la propia Ivón Dagda les recortó dos metros del acceso, ya que inicialmente era de cuatro metros, colocando malla ciclónica, pero consideraron que no llegaría a más; no obstante, tras seguir el juicio iniciado en su contra, insistió el propietario, Roberto Ortiz que no le permitiría derruir su casa, ya que la construcción tiene más de 25 años, tiene escrituras más antiguas a la llegada de la demandante, las medidas son distintas a las que manejó al perito pagado por ella.

Ahora con la sentencia, de la que se reitera, ellos no tienen como es su derecho, una copia, o la notificación, se les condena a que les derriben dos metros de su casa, que abarca recámaras, sanitario, sala comedor y al parecer la cocina, también se les condenó a no tener una servidumbre de paso, lo que no solo les afecta a la familia de Roberto Ortiz, sino a otras seis familias, pero además, también se le condenó al pago de más de 100 mil pesos por los gastos que ha realizado Ivón Dagda Olvera, a lo largo de este juicio que le dio un fallo favorable.

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Las familias afectadas pidieron a través de este medio al gobernador Omar Fayad Meneses, voltee a ver esta situación que les está quitando la tranquilidad y la salud y el escaso patrimonio que han forjado a través de años de trabajo.

Vecinos de la familia señalaron la amistad o compadrazgo que existe entre el gobernador hidalguense y la ex candidata a la presidencia municipal de Tepeji del Río, Reyna Dagda Olvera, de lo que se aprovechó su hermana para despojar de su propiedad y afectar una casa que está habitada.

Sin embargo, tanto Reyna, como Miguel Ángel Dagda Olvera, hermanos de Ivon Dagda Olvera, señalaron por separado que ellos son ajenos a esa problemática, misma que reprueban enérgicamente y que están en toda la disposición de declarar ante las autoridades correspondientes que su hermana ha actuado con dolo, con una ambición desmedida, que ha engañado a las autoridades, que ha comprado conciencias y  que con su actuar,  lo único que ha hecho es dividir a la familia y causarles sufrimiento y vergüenza.

Para este medio, Reyna Dagda Olvera, quien fuera candidata a la presidencia municipal de Tepeji, dijo que ella no tiene contacto con su hermana desde hace nueve años, no vive en El Cerrito desde hace como 20 años, precisamente por el actuar doloso de Ivon, que le ha causado perjuicio a ella, a sus hijos, a sus propios hermanos, “lamento mucho su actuar, ayer (refiriéndose al pasado), lo hizo con otras familias, los despojó de sus predios, hoy son estas familias, mañana quien sabe quienes serán sus víctimas; llevamos la misma sangre, pero no pensamos igual; me he dedicado a apoyar a la gente de Tepeji en la medida de lo que puedo hacer, eso lo he hecho como persona, como política jamás buscaría el perjuicio de la gente y me deslindo totalmente de su proceder”, afirmó.

Finalmente, la familia afectada pidió la intervención del gobernador Omar Fayad, para que se revise el expediente, se corrijan las acciones mal encauzadas por una persona que ha sido su único interés el despojarlos de su propiedad, les repongan los daños causados a su patrimonio y que esté más vigilante del proceder de los jueces que actúan de manera parcial, favoreciendo a quien tiene recursos económicos para pagar sus favores.

“Ni por humanidad, ni por agradecimiento porque cuando eran chicas mi abuela les daba de comer, ni por respeto a nada, se limitó para despojarnos y destrozar nuestro patrimonio”, finalizaron los afectados, quienes siempre estuvieron acompañados por decenas de vecinos que los respaldan porque los conocen de muchos años y reprueban el actuar de Dagda Olvera, advirtiendo que tomarán otras medidas, como manifestaciones, bloqueos de calles directamente con el gobernador, para que voltee los ojos hacia esta zona y se dé cuenta de las injusticias que cometen en su contra “abusando del poder económico que tienen y del compadrazgo que mantienen con el gobernador”.

Nota: Al salir del lugar,  manifestaron que toda la tarde y parte de la noche, quienes salían de su vivienda eran seguidos por personas que iban en carros color azul marino y blancos, sin poder identificar placas, por lo que señalan que cualquier cosa que ocurra a su integridad, responsabilizarán directamente a Ivón Dagda Olvera.

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