RECIBE CONGRESO INICIATIVA QUE BUSCA RECONOCER EL DERECHO A LA CONSULTA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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+ Permitirá conocer de primera mano las necesidades de ese sector de la población previo a la adopción de medidas legislativas y políticas públicas

+ Reconoce el derecho de las personas con discapacidad al respeto pleno de sus garantías en condiciones de igualdad.

El Congreso recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el párrafo séptimo del artículo 5 de la Constitución Política de Hidalgo, a fin de reconocer el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad, lo que permitirá conocer de primera mano las necesidades de ese sector de la población previo a la adopción de medidas legislativas y políticas públicas.

A propuesta de la Diputada del Grupo Parlamentario del PRI, Mayka Ortega Eguiluz, la iniciativa reconoce el derecho de las personas con discapacidad al respeto pleno de sus garantías en condiciones de igualdad.

La diputada expuso que de acuerdo con el Informe Mundial sobre discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, al 2011, más de mil millones de personas en todo el mundo vivían con alguna forma de discapacidad, de las cuales casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.

En ese sentido, refirió que al ser más de mil millones las personas con discapacidad en el mundo, esta cifra representa el 15% de la población mundial, considerando que los países de ingresos bajos, tienen una mayor prevalencia de discapacidades que los países de ingresos altos, siendo más común la discapacidad en el género femenino y en las personas adultas mayores y niños.

Indicó que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Por ello, dijo, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad al respeto pleno de sus derechos en condiciones de igualdad y la obligación de los Estados, para gestar las medidas legislativas, presupuestales y de políticas públicas necesarias y suficientes, para garantizar el respeto a esos derechos y la accesibilidad a los servicios públicos que les permitan vivir una vida plena.

Señaló que “el 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como propósito fundamental en términos de su artículo 1º, promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

Con lo cual, aseveró, se reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Manifestó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 27 de agosto del 2019, se pronunció en torno a la necesidad de realizar consultas previas a las personas con discapacidad, cuando el Estado pretenda adoptar cualquier medida legislativa en la cual se involucren los derechos de las personas con discapacidad, con la finalidad de asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de sus derechos.