Propone Lucero Ambrocio iniciativa que busca evitar la operación irregular de empresas privadas de seguridad pública en el estado

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Ante la existencia de empresas de seguridad privada que operan irregularmente en la entidad, por no estar debidamente registradas, el personal no está debidamente capacitado ni cuenta con el equipo necesario para salvaguardar bienes muebles o inmuebles, ni la integridad de las personas, la diputada de Morena Lucero Ambrocio Cruz promueve una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada estatal para normar la actividad de compañías proveedoras de tales servicios.
En su exposición de motivos, la legisladora detalló que actualmente la seguridad privada ha tomado un papel relevante ya que es una alternativa de protección frente al clima de inseguridad que se vive en Hidalgo y en el país. En 2018, dijo, según el registro de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el número de empresas con autorización federal para prestar este tipo de servicios en dos o más entidades era de mil 232.
En el estado de Hidalgo, añadió, se presume que se cuenta con 29 empresas con autorización federal vigente, sin embargo, se estima que hay entre 6,000 y 8,000 compañías que ofrecen el servicio sin tener licencia federal para ello, a pesar de que la Fracción II del Artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, menciona como una obligación la de “abstenerse de prestar los servicios de seguridad privada sin contar con la autorización o revalidación correspondiente”, precepto que también está plasmado en la Ley de Seguridad Privada del estado.
La diputada morenista por el V Distrito de Ixmiquilpan mencionó en tribuna que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) evidencia que la inseguridad continúa siendo el problema que preocupa a más de la mayoría de los mexicanos.
Indicó que durante 2018, se registraron 24.7 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 28 mil 269 víctimas por cada 100 mil habitantes, de igual manera se cometieron 9.4 millones de robos o asaltos en la calle o trasporte público, lo cual representa una tasa de 10 mil 775 robos por cada 100,000 habitantes, en el 66.5% de casos lo robado fue dinero tarjetas de crédito o cheques, mientras que el 55.5% de casos fueron teléfonos celulares.
Comentó que en el año 2019, de acuerdo con información del Semáforo Delictivo, el 65.5% de la población percibe a la entidad como insegura. Esta misma fuente, dijo, ubica a Hidalgo por encima de la media nacional en cuanto a robos de vehículos, en robo a casa habitación y con focos amarillos en lo que respecta a robo a negocio.
Señaló que una forma de protección que la población de Hidalgo ha adoptado, es la contratación de empresas que se dedican a este ramo, con la finalidad de tener protegida su vivienda, negocio, calle, fraccionamiento o colonia salvaguardando las instalaciones las 24 horas.
Algunas de las actividades que realiza el personal contratado –abundó- son generar un filtro en las entradas de establecimientos, solicitando datos personales para poder generar un registro de visitantes por cualquier percance que sucediera, teniendo un control general así mismo custodiando el área asignada, por lo que es frecuente visualizar a personal de seguridad privada a la salida de centros comerciales, en estacionamientos e incluso centros escolares y laborales.
Sin embargo, comentó que a decir de las personas existen problemas con la operatividad de estos elementos de seguridad, pues según se ha documentado parte del personal privado no cumple con los mínimos requerimientos para asegurar el cumplimiento de los perfiles y preparación adecuada del personal, ya que es constante que se reclute a personal que no tuvo entrenamiento y/o carece de vocación, sumado a ello no siempre se encuentran adecuadamente uniformados ni equipados, lo cual es un verdadero peligro para quien contrate este servicio.
Por ello, dijo, resulta indispensable especificar dentro del Capítulo de la Ley de Seguridad Privada las obligaciones y prohibiciones de los prestadores y del personal operativo de seguridad privada, la descripción del equipo, uniforme y armamento que deben de portar al momento de ejercer sus actividades. “En el mismo sentido la presente iniciativa establece el fomento de la certificación del personal operativo de seguridad privada”.
Subrayó que la iniciativa de reforma que impulsa, busca que la actuación de las instituciones de seguridad pública sea bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, entre otras cosas.