RADAR POLÍTICO DE MEDIA SEMANA

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Joel Sánchez

* Golpes y empujones a la prensa en visita de AMLO

** PT acusa MORENA de borrar bardas de apoyo al Peje

*** Cuestionada resolución del magistrado Arroyo González

**** Sissi Anette, imparcialidad en duda.

 

A quienes de plano se les salió de control el evento durante la visita de AMLO al municipio de Tula, es a los dirigentes de MORENA en Hidalgo, pues el acceso para medios de comunicación estuvo tan restringido y desorganizado, que derivó en un connato de bronca en el que hubo golpes y empujones contra reporteros y reporteras, muchos de los cuales no pudieron acceder para cumplir con la cobertura informativa. Los golpeadores de Abraham Mendoza Zenteno fueron el negrito en el arroz e hicieron que se repitiera la historia de siempre, agresiones a la prensa cada que viene AMLO.

Otro asunto que deberá arreglar la dirigencia estatal de MORENA, son los señalamientos que el dirigente del Partido del Trabajo en Hidalgo, Arturo Aparicio Barrios, hizo hacia la candidata a diputada federal por el III distrito, Simey Olvera Bautista, a quien responsabilizaron de haber mandado a borrar las bardas que el PT había pintado en apoyo de López Obrador, según esto para “evitar confusión” entre los electores. Las huestes de Aparicio no procederán legalmente, pero no hay que pasar por alto que la destrucción de propaganda es un delito electoral.

Y lo que no hay que perder de vista es la actuación de la juez Sissi Anette Rodríguez Fernández en el polémico caso de la constructora Sylma en contra del ciudadano Leonardo García, a quien acusó por el delito de difamación, pues la próxima semana tendrá en sus manos resolver si el acusado debe pagar o no los 65 millones de pesos que la constructora exige como reparación de daño y da la impresión de que la juzgadora no actúa de manera imparcial y ha dado muestras de estar a favor del poder político y económico, no así de la justicia. Su resolución pondrá muy en claro a quien sirve, pero hasta ahora la ley ha sido sometida por el Grupo Rico.

Un caso muy similar es la cuestionada resolución emitida por el magistrado Raúl Arroyo González en el caso del abuso sexual sufrido por un menor de 6 años al interior de la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte, perteneciente al Grupo Pachuca, pues mientras los jueces Miguel Ángel Galindo Najera, Rosa María Escamilla y Bárbara Santos Ordoñez encontraron culpable al entregador Luis Ángel Salas, en segunda instancia el ex-presidente de la Comisión de Derechos Humanos decidió su exoneración, sustentando su resolución en un argumento absurdo. Si hubo o no suficientes elementos legales para liberar al entrenador, en la Vox Populi crece la sospecha de que el Poder Judicial fue sometido por el poderío económico y la influencia del Club de los Tuzos del Pachuca.